UGT ha anunciado hoy que impugnará la autorización del ERE de Gáldar aprobado por el Gobierno canario y que solicitará "inmediatamente" al Juzgado de lo Social la suspensión cautelar urgente de esta resolución por causar "graves daños a los trabajadores afectados".
En un comunicado, UGT señala que, de ejecutarse por el Ayuntamiento de Gáldar la resolución, los trabajadores afectados podrían no percibir la prestación por desempleo.
El sindicato argumenta que el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, advirtió, en un informe, que era "imposible legalmente" realizar un ERE en una administración pública, y por tanto, que no procedería el abono de la prestación por desempleo.
Desde UGT se entiende, además, que la resolución administrativa que autoriza el ERE es "contradictoria e ilógica", ya que, por un lado, reconoce literalmente "una manifiesta improvisación en la adopción de una decisión tan drástica como es una regulación de empleo que pretende suspender los contratos de trabajo de 87 trabajadores y extinguir las relaciones laborales de otros 54", pero por otro, lo autoriza en contradicción con la anterior resolución de la directora general de Trabajo.
El sindicato indica que la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, mediante la resolución dictada el fecha 13 de enero de 2012, y notificada hoy, ha anulado la anterior resolución de la directora General de Trabajo, Gloria Gutiérrez.
En ella había denegado el expediente de regulación de empleo en el Ayuntamiento de Gáldar, pero ahora autoriza la suspensión de 87 contratos de trabajo, durante dos turnos de seis meses, así como la extinción por prejubilación, de los contratos de 17 trabajadores.
UGT considera que en la autorización administrativa del Gobierno de Canarias han prevalecido, al final, criterios eminentemente políticos, y no jurídicos, "por lo que parece que nos encontramos ante otro caso como la variante de carreteras del Norte o el concurso eólico, tumbados finalmente por los Tribunales de Justicia".