MARCAR límites y delimitar fronteras nunca ha sido una cuestión sencilla, pues se trata de separar espacios y, por tanto, de fijar derechos para unos y restricciones para otros. Las disputas suelen ser, en consecuencia, tónica habitual y, sin embargo, también hay ocasiones en las que se trabaja de mutuo acuerdo, tal y como sucede respecto a la ampliación de la plataforma continental hacia el Atlántico.

España y Portugal no han concertado la delimitación del océano entre ambos países, pero lo que podría ser motivo de fricción se ha convertido en un ámbito de colaboración que ha permitido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presentar ante la Comisión de Límites de la ONU una demanda para ampliar los derechos españoles al Oeste de Canarias, o lo que es lo mismo, la capacidad de explotación de los recursos naturales.

Se busca ampliar la soberanía, y con ella la zona económica exclusiva de todos los españoles, en general, y los canarios, en particular, ya que los habitantes más próximos al mar implicado somos los isleños, que debemos congratularnos y apoyar la iniciativa del Ejecutivo nacional, pese a que la presentación a través de una nota verbal no incida en la distribución interna de las competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

Es evidente que si se extienden las aguas atlánticas de España por la parte en la que Canarias marca la frontera territorial, el Archipiélago saldrá beneficiado, ya que se ampliarán las competencias de la Administración española en su conjunto, las del Estado y las que eventualmente pudieran corresponder a Canarias. Hablamos, por tanto, de un primer paso que podría suponer el principio de un camino importante para ampliar las oportunidades de desarrollo económico de las Islas.

No faltan, sin embargo, quienes consideran contradictorio solicitar la ampliación y la consecuente delimitación de la zona económica exclusiva de Canarias hacia el Oeste sin que exista aún una delimitación formal hacia el Norte y hacia el Este. Pero ¿dónde está el problema? ¿Cuáles son los argumentos para renunciar a una nueva posibilidad? Empeñarse en una oposición que no se justifica no conduce a nada positivo ni para el político que la mantiene ni para los ciudadanos a los que representa.

La defensa de los intereses generales es una obligación de todo cargo público, que debe velar por los derechos de aquellos que lo han elegido. Tiene que hacerlo, no obstante, desde la máxima responsabilidad y criterio, que nada tiene que ver con la introducción de cambios sin motivo alguno o razón de peso, es decir, con planteamientos cogidos por los pelos y sin venir a cuento, con los que lo que único que conseguimos es restar valor a las justas demandas regionales.

La Gomera, Canarias, España y el mundo entero se enfrentan a una difícil situación derivada de la crisis económica y financiera internacional, que pone de manifiesto la necesidad de cambiar de modelo, pero sobre todo de apostar por el rigor y la seriedad. La formación es nuestra principal baza. Es necesario estar preparados y asumir el trabajo que hacemos desde una postura generosa que vaya más allá del beneficio personal y se acerque a lo que hoy por hoy resulta imperativo: hagamos las cosas bien y con garantías de futuro.

Tenemos que dejar atrás las rivalidades entre partidos y propiciar puntos de encuentro como los que, sin lugar a dudas, domina el entendimiento mutuo alcanzado entre España y Portugal sobre las aguas del Atlántico, para que ninguna de las partes prejuzgue ni perjudique la ulterior delimitación lateral entre las plataformas continentales ampliadas en la zona de Madeira y Canarias.

Nos referimos a una iniciativa que, además, había que plantear antes de que acabara este mes, en el que termina el plazo de diez años desde la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas para el derecho del mar, fijado para hacer cualquier cambio, por lo que es deseable que todos, y en especial los ciudadanos gomeros, herreños, tinerfeños, palmeros, de Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura, puedan aprovechar los beneficios resultantes de la propuesta española para hacer crecer la soberanía y la jurisdicción nacional en una extensión de unos 206.000 kilómetros cuadrados, especialmente aplicables a un sector tan necesitado como la pesca. No cabe duda de que esta es una magnífica iniciativa para aumentar la alegría en la celebración del Día de Canarias.

* Presidente del Cabildo de La Gomera