La ministra alemana de Trabajo, Andrea Nahles, quiere restringir el acceso a las prestaciones sociales en los primeros cinco años de residencia en Alemania a los ciudadanos comunitarios que no trabajen o no hayan trabajado anteriormente en el país y no hayan, por tanto, contribuido a la seguridad social.

La ministra, del Partido Socialdemócrata (SPD), defendió hoy el proyecto de ley que tiene previsto presentar al resto de ministerios afectados, al asegurar que no supone un empeoramiento respecto a la práctica actual.

Según este plan, los comunitarios sin ocupación podrán optar a prestaciones sociales, entre ellas la denominada "Hartz IV" -para empleados con ingresos bajos, personas incapacitadas para trabajar y desempleados de larga duración-, únicamente después de una estancia de cinco años en el país sin haber percibido ayudas públicas.

Esto no modifica el apartado de la legislación actual referido a los ciudadanos de la UE que sí tienen empleo, pero con unos ingresos insuficientes para garantizar su subsistencia y que pueden optar, al igual que los alemanes, a "Hartz IV", sin necesidad de cumplir este plazo de cinco años.

El proyecto de ley aportará más claridad en este aspecto y evitará, al mismo tiempo, que el Estado federal desplace la responsabilidad sobre estos cargos a los municipios y viceversa, aseguró Nahles.

Se trata de unos pocos casos que se verán afectados por este proyecto de ley, agregó la ministra, quien no obstante dijo haber querido cerrar a tiempo esta laguna para evitar el riesgo de ver socavada la aceptación de la que goza el libre movimiento en Europa, particularmente en el mercado laboral.

Así, la ministra precisó que en Alemania hay registrados 422.000 hogares en los que viven ciudadanos comunitarios, de los cuales hay 43.000 casos en que el Estado alemán desconoce la manera en la que financian su subsistencia.

Los diarios pertenecientes al grupo mediático Funke habían adelantado esta mañana los planes de la ministra, que ya había anunciado a finales de diciembre su intención de limitar las prestaciones para los ciudadanos de la UE.

Precisaron, asimismo, que el proyecto de ley contempla el derecho de los ciudadanos comunitarios excluidos de las prestaciones sociales a percibir una ayuda única por un máximo de cuatro semanas con la que cubrir gastos básicos de comida, alojamiento y cuidados personales.

Al mismo tiempo, recibirán un "préstamo" para cubrir los costes de regreso a su país de origen, donde podrían solicitar las ayudas sociales correspondientes.

A finales de diciembre, la ministra se remitió a una sentencia dictada a principios de ese mes por el Tribunal Federal de Asuntos Sociales, según la cual los ciudadanos comunitarios pueden solicitar esas ayudas tras seis meses de residencia en Alemania.

La sentencia de la corte alemana siguió a la anteriormente dictada por el Tribunal de Justicia de la UE, que determinó que un Estado miembro puede excluir de ciertas prestaciones a ciudadanos comunitarios recién llegados al país que no ejerzan una actividad económica ni busquen activamente trabajo.

"Tenemos que preservar a los poderes locales de tener que cargar de forma ilimitada con las prestaciones de los extranjeros comunitarios", declaró entonces Nahles.

La canciller Angela Merkel dijo en su momento que apoyaba "las reflexiones" que se están produciendo dentro de su gabinete para limitar las prestaciones sociales a comunitarios, aunque recalcó también que esta medida nada tenía que ver con la planteada por el Gobierno británico, que demanda eliminarlas totalmente durante los primeros cuatro años.