La justicia francesa juzga a partir de mañana a tres presuntos etarras, como dirigentes de la estructura "Gezi" encargada de extorsionar a empresarios para cobrarles el llamado "impuesto revolucionario", incluida Ainhoa Ozaeta, considerada su responsable a principios de este siglo.

Junto a Ozaeta Mendicute van a sentarse en el banquillo del Tribunal de lo Criminal de París durante tres semanas Ekaitz Sirvent Auzmendi, por haber estado presuntamente implicado durante siete años y hasta su arresto el 10 de abril de 2009 en "Gezi" donde llegó a tener un alto nivel de responsabilidad.

Y Peio Jon Sánchez Mendaza, quien se supone que se incorporó en 2004 a esa estructura.

Sirvent, capturado en París a su llegada a la estación Montparnasse en un tren procedente de Burdeos, también tendrá que responder de una veintena de cargos vinculados a la falsificación de documentos.

Actividad que supuestamente compaginó desde fines de 2005 o comienzos de 2006 en la estructura denominada "Fal" con la ya citada extorsión de fondos.

Y queda pendiente la cuestión de si, conociendo el funcionamiento habitual de ETA y su sistema de reemplazo de un jefe de estructura cuando es detenido, pudo haber pasado a sustituir a Ozaeta cuando esta fue arrestada en mayo de 2008.

No sólo al frente de Gezi, sino de la estructura transversal del llamado "departamento de servicios", que incluía la falsificación de documentos.

Los investigadores han podido reconstruir la pista de los tres ahora juzgados en París, en particular cuando compartieron diversas viviendas clandestinas, sobre todo en el suroeste de Francia, desde diciembre de 2004 hasta el arresto de Sánchez Mendaza el 30 de marzo de 2005 en Hinx, en las Landas.

Los documentos que se les incautaron, completados con lo hallado sobre todo en el refugio de Salies de Béarn donde cayeron en octubre de 2004 los dirigentes etarras María Soledad Iparraguirre y Mikel Albisu, ofrecen un panorama de la actividad de extorsión por la que se imputa a estos tres acusados y estará en el centro del proceso.

Así, por ejemplo, en el material informático había una tabla que recapitulaba los pagos recibidos en 2003, que sumaban 1.192.795 euros abonados por 38 víctimas.

En otro fichero sobre reuniones de "Gezi" en febrero de 2005, se sintetizaban las acciones del último trimestre de 2004, con 31 nuevas empresas extorsionadas.

De ellas, 81 que había sido objeto de un ultimátum para exigirles el pago del "impuesto revolucionario", 18 que habían manifestado su acuerdo para pagar y 34 para las que se había decidido una acción violenta en su contra por recalcitrantes.

De esos archivos se deducía que entre enero de 2005 y diciembre de 2007 ETA había enviado correos a 1.025 víctimas a las que reclamó en total de cerca de 135 millones de euros.

Ozaeta ocupó desde fines de los años 1990 puestos de responsabilidad política de la izquierda abertzale, ya que fue elegida concejal de Andoain en junio de 1999 y llegó a teniente de alcalde en agosto de 2001 cuando era dirigente de Euskal Herritarrok y Batasuna.

Su paso a la clandestinidad se constató en julio de 2003 y desde entonces se le asociaba con "Gezi", una estructura que se sospecha que pasó a dirigir tras la caída en octubre de 2004 de quien había sido la jefa de las finanzas de ETA, María Soledad Iparraguirre, alias "Baltza" o "Anboto", junto a su compañero, el entonces jefe político de la banda Mikel Albisu, "Mikel Antza".

Ozaeta, alias "Kuraia", fue detenida en Burdeos el 20 de mayo de 2008 en el piso que ocupaba con el que se consideró un tiempo el jefe político, el ya fallecido Javier López Peña, "Thierry", así como con los también etarras Jon Salaberría e Igor Suberviola.

En Burdeos se les requisaron textos sobre las luchas de poder para hacerse con el control de ETA de dos jefes del aparato militar, Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki" y Mikel Carrera Sarobe, "Ata", que reprochaban a "Thierry" su estrategia en la tregua de 2006 y, específicamente a "Kuraia", incompetencia como responsable financiera y de la estructura de falsificación.

Las sospechas de que Ozaeta formó parte del "Zuba", el comité de dirección de la organización terrorista, será eventualmente objeto de un juicio ulterior en el que podría tener que responder del cargo de dirigente terrorista.

Sánchez Mendaza (43 años), que quedó en libertad bajo control judicial por motivos de salud, es el único de los tres que no se encuentra en la cárcel.

Tiene cuentas pendientes con la justicia española, que le reprocha en particular haber sido uno de los responsables en Navarra de Ekin, la estructura política de la organización terrorista que entre otras cosas coordinaba la violencia callejera.

Eso había motivado su detención en España en septiembre de 2000, aunque tras quedar en libertad bajo control judicial en diciembre de 2001 pasó más tarde a la clandestinidad y se integró a la actividad de ETA en Francia.