La Unión Europea se plantea retirar el voto a los países que no cumplan con los objetivos de déficit y deuda, así como intervenir directamente en los gobiernos de los socios con problemas, dando capacidades a las autoridades comunitarias para enmendar los presupuestos nacionales.
En esta línea se pronunció ayer el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, en un debate en la Eurocámara en el que también participaron los presidentes de la Comisión Europea y el Eurogrupo, José Manuel Durao Barroso y Jean-Claude Juncker.
"Habrá que analizar si debemos crear casos extremos para más sanciones, tales como la suspensión de los derechos de voto, la suspensión de fondos estructurales o de otros pagos, o otorgar poderes a una autoridad central para intervenir en los procedimientos presupuestarios nacionales", afirmó Van Rompuy.
En este contexto, abogó por "la posibilidad de avanzar hacia una mutualización limitada de la deuda pública" a fin de reforzar la unión económica en los países de la moneda única. A esto, agregó que se estudia "la armonización de algunos impuestos" y de algunas políticas sociales.
Estas propuestas forman parte de una hoja de ruta que se discutirá en la próxima cumbre comunitaria del 9 de diciembre, que busca mejorar la gobernanza económica y en la que también se tratará la posibilidad de acometer "cambios limitados" en el Tratado de Lisboa.
Unas modificaciones que se entregarán a los Estados miembros en forma de informe final en los meses de marzo o abril, señaló.
Barroso anunció que la CE aprobará el próximo miércoles 23 otras dos iniciativas para seguir profundizando en la gobernanza económica de la UE, y que irán dirigidas a aumentar la vigilancia, en especial de los Estados miembros "que pongan en peligro la estabilidad de todos".
Pasos graduales
La primera medida propondrá aumentar el seguimiento de los países del euro con graves desequilibrios o que hayan solicitado ayuda financiera en el marco de un programa de ajuste.
La segunda, en respuesta a la cumbre del pasado 26 de octubre, se centrará en vigilar más a los Estados del euro que se encuentren en un procedimiento de déficit excesivo, indicó Barroso.
Esta norma propondrá pasos graduales y condiciones para controlar las políticas presupuestarias nacionales, y debería permitir a la CE y al Consejo examinar los borradores de los presupuestos y emitir una opinión sobre ellos antes de que sean adoptados en los parlamentos de cada país, "requiriendo una segunda lectura en los casos graves".
Igualmente, la CE podría controlar la ejecución de los presupuestos y sugerir enmiendas a lo largo del año si lo considera necesario.
En cualquier caso, Barroso y Van Rompuy garantizaron que los parlamentos de cada país tendrán la última palabra sobre los presupuestos nacionales, si bien el presidente de la CE advirtió de que deberán "tener mucho más en cuenta las normas europeas".