Una nueva huelga general paralizó ayer la vida pública en Grecia, en una jornada en la que se registraron enfrentamientos entre la Policía y manifestantes, en medio de los rumores sobre la necesidad de nuevas ayudas financieras. Los servicios administrativos, las escuelas, el transporte público y decenas de vuelos nacionales e internacionales se vieron afectados por esta protesta en contra de la política de austeridad impulsada por el Gobierno socialista.
Tan sólo en Atenas, unas 20.000 personas salieron a las calles para expresar su malestar por la política de ahorro. La Policía se enfrentó cerca del Parlamento a algunos manifestantes violentos, que lanzaron piedras contra los agentes, quienes respondieron con bombas de gases lacrimógenos.
En total, fueron arrestadas 24 personas en estos incidentes y, según el servicio de ambulancias de Atenas, doce manifestantes y dos policías sufrieron heridas, como contusiones y problemas respiratorios, por lo que fueron trasladados a hospitales locales.
A pesar de los incidentes, el sindicato de funcionarios Adedy se mostró satisfecho por "la participación y el espíritu" de sus miembros en la protesta de ayer, que coincide con el primer aniversario de la introducción de los primeros recortes.
El Gobierno del primer ministro socialista Yorgos Papandréu quiere adoptar la semana que viene nuevas medidas de austeridad y privatizaciones, lo que fue el detonante de la huelga de ayer.
"La gente ha demostrado su profundo descontento y su preocupación por el nuevo paquete de medidas que el Gobierno pretende implementar", declaró Sotiris Xenakis, un portavoz de Adedy.
El paro laboral de ayer, el segundo en lo que va de año y que incluyó también a los periodistas, se produce en un clima de gran tensión por las informaciones aparecidas en los últimos días en la prensa nacional e internacional sobre la necesidad de un nuevo rescate millonario a Grecia.
Precisamente, mientras que miles de griegos enfurecidos salían a las calles de las mayores ciudades del país, el Consejo de Ministros revisaba las nuevas medidas para recaudar unos 76.000 millones de euros hasta 2015, que serán tramitadas en el Parlamento el 18 de mayo.
El programa a medio plazo incluye la privatización de empresas estatales y recortes adicionales en el sector público, entre ellos reducir la plantilla de funcionarios en unas 30.000 personas y alquilar o vender parte de la propiedad inmobiliaria del Estado.