La gobernación del estado mexicano de Tamaulipas rechazó hoy que sea necesario el régimen de excepción en alguna parte de su territorio por el hallazgo de numerosas fosas clandestinas en las que había 145 cadáveres, y pidió más ayuda de las fuerzas federales de seguridad.
"No es con la apelación a la excepción, con la disminución de las libertades ciudadanas" como se logrará "la solución del problema", dijo hoy a la emisora MVS el secretario general de Gobierno, Morelos Jaime Gómez Canseco.
Apeló en cambio a "una colaboración auténtica entre esferas de gobierno para que se fortalezca la seguridad pública y nuestro país haga gala de capacidad para atender los riesgos a la seguridad interior de las bandas de narcotraficantes".
Gómez Canseco recordó que las bandas criminales "están presentes en muchas partes del territorio nacional", no solo en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, donde fueron halladas estos días numerosas fosas con cadáveres.
Desde comienzos de abril en ese estado del noreste de México han sido encontrados en fosas los cuerpos de 145 personas, muchas de las cuales, según la investigación, fueron obligadas por personas armadas que ya las conocían a bajar de autobuses que transitaban por la zona de la citada población.
El secretario gubernativo explicó que "de catorce fosas clandestinas se extrajeron 122 cuerpos" de personas cuya muerte es "reciente".
Por ello presume que estos casos "pueden tener vinculación con la privación ilegal (de libertad) a pasajeros de los autobuses", secuestros que motivaron la investigación en curso abierta este mes.
Además, dijo, se hallaron también en fosas otros 23 cadáveres de personas cuya "muerte ocurrió en un período de entre treinta y sesenta días", por lo que tales crímenes aparentemente no están relacionados con los secuestros denunciados a fines de marzo en autobuses que atravesaban San Fernando.
Estos últimos casos "no podrían relacionarse con los pasajeros de los dos autobuses que motivaron la investigación", agregó.
Con los 23 cuerpos se alcanza "la cifra de 145", resumió Gómez Canseco, al explicar que hay otros cuatro cadáveres que "corresponden a personas que se presume son delincuentes".
Esas cuatro personas murieron "en enfrentamientos que tuvieron con elementos de las Fuerzas Armadas en uno de los operativos de búsqueda y descubrimiento de las fosas clandestinas", agregó.
Gómez reveló que, según las pesquisas, las fosas eran vigiladas por sicarios de las organizaciones criminales que fueron sorprendidos por los militares.
Estas masacres han sido atribuidas al cartel de Los Zetas, uno de los grupos criminales más sanguinarios y que en Tamaulipas se disputa el control de las drogas con su antiguo aliado, el cartel del Golfo.
Según la Fiscalía general, por estos crímenes han sido detenidas 33 personas, entre ellas 16 policías municipales por supuesta colaboración con Los Zetas, que surgieron hace una década de la mano de un grupo de militares de cuerpos de elite que desertaron.
Gómez Canseco afirmó que "de ninguna manera" es momento de establecer el estado de excepción, como permite la Constitución mexicana, a pesar del hallazgo de las fosas en San Fernando, que se suma a la matanza en agosto pasado de 72 inmigrantes clandestinos, en su mayoría centroamericanos.
"Lo que Tamaulipas y su gobierno, lo que el Ejecutivo estatal ha planteado a la Federación, es la necesidad de establecer una colaboración auténtica" para afrontar la crisis de seguridad.
Para el alto funcionario estos múltiples asesinatos son "ilícitos que la ley considera de delincuencia organizada" y por tanto, "la capacidad jurídica, humana, de armamento" para afrontarlos y perseguir a sus autores corresponde al Gobierno federal de México.