La tercera huelga general contra el plan anunciado por el Gobierno de Grecia en febrero pasado para sanear la economía ha dejado hoy al país sin transporte y sin servicios, lo que afecta a la actividad de las principales ciudades.

La huelga de 24 horas es convocada por los principales sindicatos de los trabajadores helenos contra el impopular plan de austeridad fiscal.

Bajo la consigna "la crisis que la pague la plutocracia", los sindicatos han llamado también a los trabajadores a manifestarse en varias ciudades.

Desde tempranas horas de la mañana, las calles céntricas de la capital helena se han llenado de vehículos privados y de taxis debido a que todo el transporte público está en paro, a excepción de unas limitadas horas de servicios del tren de superficie.

Todos los aeropuertos, incluido el internacional de Atenas, permanecen cerrados desde la pasada medianoche, lo que supuso la cancelación de cientos de vuelos y la modificación de los horarios de varias decenas más, a raíz de la participación de los controladores aéreos en las protestas.

Los barcos y los servicios de trenes están detenidos, los hospitales y los servicios de administración de luz, telefónica y agua funcionan con personal de emergencia, muchos bancos trabajan con un mínimo de personal, y los colegios están cerrados.

También cerradas están hoy las oficinas de servicios estatales, mientras que los medios de información transmiten sólo música y programas de entretenimiento, ya que los periodistas se han sumado también a la huelga.

Sólo el comercio en Atenas estaba abierto esta mañana, pero los dueños de las tiendas en el centro de la capital se preparaban ya para bajar la rejas como medida de precaución contra posibles disturbios en las manifestaciones que se han anunciado para más tarde.

Los sindicatos protestan contra recortes en los ingresos de los trabajadores y el aumento de impuestos decidido por el Gobierno griego para ahorra 4.800 millones de euros, con el fin de reducir el este mismo año el déficit en 4 puntos porcentuales, hasta dejarlo en el 8,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Las medidas de austeridad adoptadas por el Ejecutivo del primer ministro, el socialista Yorgos Papandréu, han sido aprobadas por la Comisión Europea que supervisa estrechamente su cumplimiento para que este país de la zona del euro se salve de la bancarrota.