El colectivo de discapacitados físicos de La Palma, a través de la asociación Adfilpa, ha decidido presentar una queja formal ante las administraciones públicas por la negativa de los Servicios Sociales de varios ayuntamientos a prestar atención a personas con movilidad reducida que han solicitado el transporte gratuito habilitado en los ayuntamientos para dar cobertura a los discapacitados cuando pretendían asistir a actos políticos.
Según ha denunciado el presidente de Adfilpa, Miguel Ángel Rodríguez, los vehículos que han sido donados por la obra social de varias cajas para prestar servicios de transportes especiales (SPE) en los ayuntamientos no tienen por qué limitarse. Al respecto, aclara: "Da igual asistir a una obra de teatro, servirse del mismo para obtener una prestación esencial o pretender ser transportado para disfrutar con libertad del derecho a conocer la oferta política municipal con la intención de ejercer el voto el próximo 22 de mayo".
Sin embargo, existen Servicios Sociales, como ha ocurrido en el caso de Los Llanos de Aridane o El Paso, en donde primero se han detectado estos problemas, que niegan esa posibilidad porque entienden que estos vehículos no pueden transportar a discapacitados a mítines o actos políticos. Al respecto, aclaran desde Adfilpa: "Se nos ha dicho que es una prohibición impuesta por los partidos, para evitar que se interprete en la calle que se utilizan los recursos públicos a favor de un candidato".
Así, concretó el presidente del colectivo, "a nosotros nos da igual el partido o el tipo de acto que solicite cada discapacitado. Lo cierto es que, independientemente del destino, el servicio debe ser prestado, como dice la ley, gobierne quien gobierne y sea cual sea el partido político".
Rodríguez aclara que "si como votante el único transporte que tengo es el que está en el ayuntamiento, que me tiene que dar servicio gratuito, se me ponen limitaciones serias cuando se niegan a llevarme a un acto. Los discapacitados tenemos derecho a escuchar todas las propuestas políticas para saber a quién votamos".
Los coches habilitados para el transporte a discapacitados son obligatorios, según la legislación, para ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. Solo dos municipios de La Palma, Los Llanos y Santa Cruz, por orden poblacional, responden a esa premisa, pero muchos consistorios de la Isla se han sumado a la iniciativa de contar voluntariamente con estos vehículos, por lo que deben cumplir la legislación, sin distinguir el tipo de servicio.