La fragmentación del mercado nacional "dificulta la competencia efectiva e impide aprovechar las economías de escala que ofrece operar en un mercado de mayores dimensiones, lo que desincentiva la inversión y, en consecuencia, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el empleo y el bienestar de los ciudadanos", asegura CEOE-Tenerife.
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que entró en vigor el pasado 11 de diciembre, busca establecer los principios y normas básicas que garanticen la unidad de mercado para crear un entorno mucho más favorable a la competencia y la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes, a favor de la creación de empleo y de crecimiento y en beneficio último de los consumidores y usuarios.
Las autoridades podrán elegir entre una comunicación, una declaración responsable o una autorización, en función del interés general a proteger, destaca la patronal.
Según CEOE-Tenerife se dota de eficacia en todo el territorio nacional a las decisiones tomadas por la autoridad competente de origen, en el caso de Canarias, basadas en un criterio de confianza y se aplican principios comunes como el de eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas en la libre iniciativa económica, lo que implica el reconocimiento implícito de actuaciones de las autoridades competentes de otras Administraciones.