La organización Facua-Consumidores en Acción dio por hecho ayer, en un comunicado, que el anteproyecto de ley para modificar la ley de arrendamientos urbanos que presentó el pasado viernes la ministra del área, Ana Pastor, fomentará la especulación inmobiliaria en lugar de los alquileres.

La organización lamentó, en particular, que el Gobierno "pretenda fomentar el alquiler facilitando que se eche a personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones".

Facua criticó que los contratos puedan extenderse sólo hasta tres años, en lugar de los cinco años que se estipulan en la actualidad, y que las prórrogas se vean reducidas de tres a un año.

Por ello, Facua entiende que se trata de "un nuevo recorte de derechos para los usuarios en beneficio de los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos" para subir el precio del alquiler, ya que hasta ahora los contratos fijaban una renta actualizable conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) durante los primeros cinco años. Agregó que el que el IPC no siga siendo el índice de referencia para actualizar la renta cada año de vigencia del contrato, "podrá traer aún más perjuicios para los inquilinos".

Además, la reducción de las prórrogas a un año frente a los tres vigentes en la actualidad supondrán también "una enorme inseguridad para los arrendatarios de vivienda", reiteró la asociación de consumidores.

Incentivos fiscales

Por su parte, la gestora inmobiliaria Alquiler Seguro echó de menos incentivos fiscales para propietarios e inquilinos en el anteproyecto de ley que modifica la ley de arrendamientos urbanos.

El presidente de la firma, Gustavo Rossi, valoró el hecho de que por fin el Ejecutivo se haya tomado en serio el mercado del alquiler, aunque en su opinión se potencia como una opción coyuntural a la espera de que se reactive el mercado inmobiliario.

Rossi recordó que en otros países, como Alemania, el alquiler es la opción de la mayoría de la población, que queda así "libre de la tiranía del euríbor", el indicador más utilizado para el cálculo de hipotecas, en tanto que la española es una sociedad profundamente hipotecada. Esto, pronosticó Rossi, no va a cambiar con las modificaciones presentadas ahora por el Gobierno.

Alquiler Seguro es también partidario de liberalizar por completo la negociación entre propietarios e inquilinos, en todo lo relativo a plazos de contratos o subidas de la renta.

Como ya se informó, Ana Pastor anunció en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, otra serie de medidas que van incluidas en un anteproyecto de Ley para modificar la ley de arrendamientos urbanos y la ley de enjuiciamiento civil a fin de flexibilizar el alquiler, reforzar la seguridad jurídica, agilizar los desahucios y establecer estímulos fiscales.

Una de las principales medidas, explicó, trata de paliar la inseguridad de los arrendadores ante los impagos de los arrendatarios, para lo que el Gobierno espera reducir a 10 días el plazo que tienen los inquilinos morosos para abonar las rentas impagadas.

Desahucios

Para ello, también simplificará la composición de la comisión judicial que debe ejecutar los desahucios, de forma que en vez de dos funcionarios será suficiente con uno. Hasta ahora, el abono de renta, que paraliza el procedimiento de desahucio, "era posible hasta el último momento", explicó la ministra, que aseguró que "se harán el doble de cosas en el mismo periodo de tiempo".

Las medidas comprendidas en el anteproyecto de Ley dan prioridad a la voluntad de las partes frente a las obligaciones, añadió.

Por otro lado se acordó mejorar la regulación de las sociedades anónimas cotizadas del mercado inmobiliario (socimis) -creadas en 2009-, flexibilizando los requisitos para su constitución, como los referidos al capital o al número de accionistas.