La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Canarias (UPTA Canarias) ha considerado hoy "injusto" que se obligue a sus asociados a renunciar al cobro de los intereses para poder acceder al pago de sus facturas pendientes con las administraciones públicas.

El coordinador de UPTA Canarias, Alexis Serra, ha dicho que son "excesivas" algunas de las exigencias incluidas en el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero para agilizar el pago de las deudas pendientes de las corporaciones locales.

Sin embargo, Serra ha considerado "oportuno" el procedimiento para establecer mecanismos de financiación para saldar las deudas de las administraciones locales con sus proveedores, ya que los impagos han provocado el cierre de los negocios de muchos autónomos, tanto en las islas como en el resto de España.

Alexis Serra ha recordado que se establecerán descuentos "prácticamente obligatorios" en las facturas para poder acceder al cobro de las mismas a través de los bancos y exige que el proveedor renuncie al cobro de los intereses generados por la deuda.

UPTA Canarias, aunque considera que cualquier solución es positiva en la situación actual, entiende que estas condiciones se convierten en un "trágala" que deben aceptar los proveedores.

Serra espera que la posibilidad prevista en el Real Decreto de que se establezcan soluciones específicas para autónomos y pequeñas empresas ofrezcan alguna mejora en esas condiciones para estos colectivos.

En este sentido, UPTA propondrá que las deudas menores de 10.000 euros contraídas hace más de tres meses tengan prioridad en el pago y no soporten quita ni del principal ni de los intereses generados.

Alexis Serra considera "un gran paso" el hecho de que acceda a las condiciones para que los autónomos puedan cobrar de las administraciones, aunque califica como injusto que los autónomos tengan que renunciar a parte del principal y a todos los intereses generados por el retraso del pago.

UPTA Canarias se emplaza a conocer el procedimiento definitivo que se establezca, esperando que al menos las nuevas obligaciones financieras que nazcan de la operación sean asumidas por las administraciones deudoras y no por los proveedores.