La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, en su disposición adicional tercera, relativa a la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación, dispuso que el Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la publicación de dicha ley, establecería los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social de los participantes en programas de formación financiados por entidades u organismos públicos o privados, que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven contraprestación económica para los afectados, siempre que, en razón de la realización de dichos programas, y conforme a las disposiciones en vigor, no viniesen obligados a estar de alta en el respectivo Régimen de la Seguridad Social.

En base a esta previsión, el pasado 27 de octubre de 2011, el Ministerio de Trabajo e Inmigración publicó en el BOE el Real Decreto que integra en el Régimen General de la Seguridad Social, como trabajadores por cuenta ajena, a las personas que participen en programas de formación financiados por entidades u organismos públicos o privados que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, incluyan la realización de prácticas formativas en empresas y conlleven una contraprestación económica.

La empresa efectuará la cotización a la Seguridad Social aplicando las normas establecidas para los contratos de formación y aprendizaje, teniendo en cuenta que en este caso no existe obligación de cotizar por desempleo ni Fondo de Garantía Salarial. Esta integración tiene carácter retroactivo para aquellas personas que hayan participado en programas de formación en España o en el extranjero antes de la entrada en vigor del Real Decreto.

Para hacer efectiva la cotización con carácter retroactivo, el trabajador deberá acreditar la participación y duración de los programas de formación y suscribirse a un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social.

El plazo de solicitud finaliza el 31 de diciembre de 2012 y se prevé que las modificaciones estarán implantadas en el Sistema Red el próximo mes de febrero.

Asimismo, hay que destacar que el Gobierno estatal estima que entre 100.000 y 200.000 personas pueden optar a firmar este convenio especial.