El Gobierno central va a entrar a legislar porque las partes implicadas en la negociación colectiva, empresarios y sindicatos, no han alcanzado un acuerdo en esta materia, defendió ayer, en una conferencia que pronunció en Vitoria, el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, que aseguró que el decreto ley sobre negociación colectiva que prevé aprobar el Gobierno central hoy aunará "flexibilidad y protagonismo sindical".

Jaúregui, que se mostró convencido con todo de que "es mejor un mal acuerdo que un buen decreto", lamentó que sindicatos y patronal no hayan podido aunar sus posturas.

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, admitió ayer que la principal dificultad para el Gobierno a la hora de hacer esta reforma ha sido que ha tenido en cuenta "elementos" que se han "dicho" durante el proceso negociador, pero no hay un texto escrito y había que buscar equilibrios entre la ultraactividad, que defendían los sindicatos, o una mayor flexibilidad interna, como reclamaba la patronal.

Lo cierto es que el Ejecutivo ya ha empezado a cambiar propuestas, tras incluir, en el texto, una rebaja de los 20 meses previstos en el borrador de la reforma a un periodo de entre 12 y 18 meses del plazo que tienen patronal y sindicatos para negociar un nuevo convenio.

Pasado ese tiempo, las partes tendrían que someterse a un arbitraje, que sería vinculante, para evitar que los juzgado de lo social deban resolver tantos conflictos.

Este cambio está más próximo al planteamiento de la patronal, según explicó ayer Gómez tras la reunión que mantuvo con los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer, para informarles del borrador de la reforma.

"Señal a los mercados"

Después de la reunión, ambos representantes sindicales advirtieron de que no se sienten vinculados ni comprometidos con la reforma que plantea el Gobierno pese a que consideran que "ha salvado algunos muebles", como señaló Ferrer, en referencia a la prórroga automática de los convenios (la ultraactividad).

Tanto UGT como CCOO creen que el Gobierno se equivoca si busca "un ejercicio de equilibrio y funambulismo", porque corre el peligro de no contentar a ninguna de las partes, y consideran que el proyecto que aprobará hoy el Consejo de Ministros no corresponde al principio de acuerdo que se alcanzó con la patronal.

Por otra parte, creen que para crear empleo, más que reformas del mercado de trabajo, es necesario que las empresas y las familias tengan crédito y que se acometa una reforma fiscal.

En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en referencia al "miedo" a contratar que, según el presidente de la CEOE, Juan Rosell, tienen los empresarios. Górriz afirmó que "esta reforma que el Gobierno se plantea hacer de manera unilateral" no tiene como motivo un plazo concreto, sino "dar una señal los mercados financieros", con la que se están "equivocando".

Seguir negociando

Gómez subrayó que el Gobierno debe poner "orden, paz, rigor, equilibrio y, en ocasiones, justicia", e insistió en que no habrá reforma en la prórroga automática de los convenios que desproteja a los trabajadores, como piden CCOO y UGT. Sin embargo, se mostró abierto a negociar sobre flexibilidad interna de las empresas, donde la reforma introduce elementos que, según dijo el ministro, ningún gobierno había abordado antes: el descuelgue de los pactos salariales, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y la prevalencia del convenio de empresa.

Aunque el Consejo de Ministros aprobará hoy la reforma, Gómez instó a la CEOE, CCOO y UGT a seguir negociando, y dijo que si finalmente alcanzan algún acuerdo el grupo socialista lo incorporaría con "enorme alegría" al decreto ley que se tramitará en el Congreso."El proceso no acaba mañana, empieza", sentenció ayer Gómez, quien recordó que ya ha explicado el borrador de la norma a los partidos. Entre tanto, los líderes de UGT y CCOO en Cataluña advirtieron ayer al Gobierno de que una reforma de la negociación colectiva aprobada sin el acuerdo de los agentes sociales aumentará la conflictividad en las empresas y abocará la nueva legislación "al fracaso".