El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, confirmó ayer que el Consejo de Ministros de mañana aprobará, por Real Decreto-ley, el plan del Gobierno para que aflore el empleo sumergido.
En rueda de prensa, Gómez recordó que ayer acababa el plazo para que empresarios y sindicatos presentaran sus alegaciones al segundo borrador que les ha entregado.
Al respecto, destacó que, si las propuestas de la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT son "razonables, serán bien recibidas".
Explicó que en el diálogo que se ha mantenido con los agentes económicos y sociales ha habido "diferencias importantes", por lo que, "como siempre", el Gobierno intentará que el Decreto sea "equilibrado".
No obstante, el titular de Trabajo subrayó que el plan del Ejecutivo no estaba previsto que fuera sometido a un "período de negociación" con los interlocutores sociales.
Lo que se acordó entre todas las partes era que la iniciativa gubernamental se sometería a un "periodo de consultas", precisó el ministro.
Valeriano Gómez descartó que con el plan del Gobierno se vaya a precarizar el mercado laboral, tal y como sostienen los sindicatos, que rechazan que los empleadores puedan regularizar a sus ilegales mediante contratos temporales de seis meses.
Discrepancia sindical
También indicó que el segundo borrador que se les ha entregado a las partes puede sufrir variaciones hasta el viernes.
Así, todavía no se ha determinado si el plazo que tendrán los empresarios para dar de alta a sus trabajadores "en negro" será de "dos o tres meses", explicó Gómez.
Tampoco, según el ministro, se ha concretado si serán seis meses -como aparece en el segundo borrador- o un año -como en la primera propuesta- el tiempo que se reconocerá a los trabajadores que se les dé de alta en el proceso voluntario de regularización para futuras prestaciones por paro o pensiones.
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo que el plan de Trabajo para aflorar el empleo sumergido simplemente pretende cumplir con el Pacto por el Euro y tiene un "desequilibrio básico muy fuerte" porque no reconoce los derechos de los trabajadores explotados.
Además, advirtió, como hizo también su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, de que el plan tiene un "gran vacío", ya que no viene acompañado de una iniciativa para atajar el fraude fiscal.