Del balance de gestión que presentó ayer el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), José María Casero, en compañía del subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Batista, se desprende, en sus palabras, que "la situación económica se va estabilizando".

Batista confirmó que la provincia tinerfeña inició 2010 con 325.000 afiliados a la Seguridad Social, para acabar el ejercicio en 326.000, mientras que el número de empresas empezó con 28.364 para finalizar en 28.078.

Acto seguido, precisó que la Seguridad Social autorizó 3.539 aplazamientos el año pasado en la provincia tinerfeña, un nivel similar a 2009. El importe cobrado en ese periodo por los aplazamientos concedidos en años anteriores ascendió a un total de 10.032.053 euros, lo que supone un incremento del 22,85% sobre el año anterior y un 59,88% respecto a 2007. Casero explicó que para la concesión de aplazamientos se ha tenido en cuenta "la difícil situación por la que atraviesan algunas empresas y trabajadores autónomos cuyos proyectos empresariales, siendo viables, presentan dificultades de liquidez. Por ello, cuando éstos atraviesan por problemas de carácter coyuntural, pero acreditan su viabilidad, se les facilita la autorización del aplazamiento, consiguiendo con ello su continuidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo".

El director provincial destacó el dato de la recaudación obtenida solo en vía ejecutiva durante 2010, que fue de 52.553.708 millones, un 22% más que el año anterior, destacando el mes de noviembre, en el que se recaudaron 6,5 millones. Esta cifra es la más elevada desde la creación de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en 1988 y se debe fundamentalmente a un mayor esfuerzo para mejorar la gestión realizada por el personal de estas unidades, al avance de las aplicaciones informáticas que facilitan el seguimiento de la deuda y de los deudores, y al reforzamiento de los mecanismos de colaboración con otras entidades públicas y privadas.

En relación a las actuaciones llevadas a cabo en la vía ejecutiva, al margen del dato de recaudación señalado, en 2010 se efectuaron 78.985 embargos, un 19,47% más que al año anterior. En cuanto al control de la deuda, la Tesorería General de la provincia tinerfeña intensificó el seguimiento de las primeras deudas detectadas en las grandes y medianas empresas que hasta ahora no habían incumplido sus obligaciones de pago.

Según señaló José María Casero, durante 2010 fueron objeto de análisis específico 2.329 empresas, dato que supone un alza del 36,91% respecto a 2006.

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