Canarias pidió hoy que sea el Ejecutivo español, y no una comisión, como acordó ayer el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el que fije la distribución territorial del ajuste de 10.000 millones de euros que han de hacer las autonomías entre 2010 y 2013 en su gasto público.

Así lo solicitó en una rueda de prensa el vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria, después de que ayer el CPFF debatiera las medidas de contención del gasto y de control del déficit propuestas por el Ejecutivo español, en el marco de los 50.000 millones de euros de gasto que pretende reducir hasta 2013 para reconducir el déficit público y llevarlo al 3 por ciento, frente al 11,2 por ciento que se registra en la actualidad.

Soria dijo que del déficit público "absolutamente desbocado" del 11,2 por ciento que se registra en España, el 9,5 por ciento es del Estado y sólo un 2,2 por ciento es de las comunidades autónomas,

A su juicio, a la hora de determinar los ajustes extraordinario que se solicitan a las comunidades autónomas en el contexto del plan de austeridad diseñado por el Ejecutivo español se deberían tener en cuenta los déficit públicos en los que incurrieron cada una durante 2009.

En este sentido, recordó que el objetivo fue del 0,75 por ciento, aunque la media del conjunto de las comunidades se situó en el 2,2 por ciento y el déficit público de Canarias fue del uno por ciento.

Soria también explicó los motivos por los que el Ministerio de Economía y Hacienda no dio ayer el visto bueno al plan económico y financiero para el período 2010-12013 que Canarias presentó al CPFF, una vez aprobado el recorte presupuestario de 112 millones de euros que el departamento del Ejecutivo español exigía.

Y es que, el Ministerio ha determinado que en los presupuestos canarios de este año, que asciende a 7.495 millones de euros, se han introducido, en su opinión, partidas por valor de 181 millones que no procede incorporar por distintos motivos.

Una de ellas, de 31,7 millones, fue incorporada como ingresos correspondientes al tramo autonómico de IRPF y al que recauda el Estado, que no serán tales, después de que el Gobierno español decidiera mantener, en determinados supuestos, la ayuda de 400 euros a desempleados.

Además, también se ha rechazado otra partida de 105 millones introducida como ingresos ligados a los obtenidos de un déficit público adicional del 0,25 por ciento vinculado a inversiones productivas, ya que, según la norma, no se puede incurrir en ese déficit adicional si el ahorro neto es negativo, es decir, si los ingresos corrientes son menores que los gastos corrientes.

José Manuel Soria agregó que otra partida de 20,1 millones, prevista como adelanto de recursos para dependencia, tal y como prevé la nueva Ley de Financiación Autonómica tampoco se permiten, a lo que se suma, otra cuantía de 16,6 millones correspondientes a anticipos de los recursos adicionales del sistema, que tampoco se contemplan, aunque también los prevén la misma norma.

El consejero canario de Economía y Hacienda afirmó que el Ejecutivo de esta comunidad ha aprobado un ajuste presupuestario de sólo 112 millones porque "no puede admitir" que el Gobierno español "no le de los 20,1 millones de adelanto de recursos de dependencia", porque eso es algo que establece el artículo 6 de la Ley de Financiación Autonómica.

Además, el Gobierno canario cree que de esos 181 millones hay que deducir otros 50 millones de euros relativos a la compensación del año 2009 correspondiente al Estado por la extinción del ITE, una partida que "todavía no han dado" a esta comunidad, aseveró.

Compartimos que hay que proceder a una reducción drástica del gasto público para ganar la confianza de los mercados internacionales, pero es el Estado el que tiene que tomar medidas "por muy difícil que le resulte explicarlas" porque el 85 por ciento del déficit público total corresponde a él y sólo el 15 por ciento a las comunidades autónomas, refirió Soria.

A su juicio, "otra comisión de estudio sólo sirve para que, cuando se visualicen los recortes de verdad en sanidad, educación y dependencia" se diga que se han decidido entre Gobierno y comunidades autónoma de forma consensuada.

Además de asegurar que Canarias tiene "una posición financiera envidiable", ya que la carga de su deuda sobre el PIB es del 4,9 por ciento, frente al 7,9 por ciento en el que se sitúa la media del conjunto de las comunidades autónomas, José Manuel Soria reiteró que este año no subirán los impuestos en el archipiélago, algo que tampoco está previsto que ocurra en 2011, dijo.

Respecto a los criterios que regirán la distribución del recorte presupuestario de 112 millones, dijo que habrá partidas, las afectadas por financiación estatal y europea, que no disminuirán; otras, las de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, políticas sociales), que lo harán, pero menos que la media; y otras de áreas que tienen un tratamiento prioritario para el Gobierno regional, en las que el recorte será menos significativo que en las anteriores.