El tren del soberanismo catalán no solo no ha descarrilado sino que avanza imparable hacia la colisión que le espera al final de la vía. Un choque que marca la convocatoria del referéndum sobre la independencia, previsiblemente hacia el mes de septiembre. Paso a paso, el Gobierno catalán ha trenzado la cuerda de cáñamo con la que se va a colgar por el cogote y de paso al Estado mismo. Todo el armazón de leyes constituyentes de la nueva república catalana se han venido ejecutando, casi subrepticiamente, pero ya empiezan a asomar las orejas del lobo con noticias que cuentan el acopio de datos fiscales de los ciudadanos y empresas, la creación de un cuerpo de inteligencia asesorado por Israel o los contactos con una treintena de países para obtener un reconocimiento del "nuevo estado" con carácter inmediato. Ante todo eso, en Moncloa se ha adoptado como lema esa famosa imagen de los tres monos que se tapan los ojos, las orejas y la boca.

Hubo un tiempo en el que pudo discutirse una reforma de las autonomías en la vía de profundizar en el federalismo. Pero ya pasó. Las posiciones se han extremado al punto de que ya solo se discute la ruptura. Una buena parte de las fuerzas políticas catalanas no admiten otra solución que la creación de un estado catalán independiente.

El gran error que comenzó con el Estatuto admitido por Rodríguez Zapatero y después demolido por el Tribunal Constitucional, cuando llevaba un tiempo de pacífica aplicación, no ha hecho más que engordar como una bola de nieve que desciende por la vertiginosa pendiente de la política española. El fin del bipartidismo, la debilidad de los partidos constitucionalistas o el nacimiento de Podemos como una poderosa fuerza de izquierda que acepta el hecho de la autodeterminación y aliado electoralmente con los independentistas, son vientos que han soplado sobre las brasas de la ruptura del Estado. Ha ayudado mucho, sin duda, el silencio mortecino de un Gobierno español debilitado, atrincherado en la pura defensa del orden constitucional y la legalidad y sin capacidad operativa para el diálogo. Con el imperio de la ley no se hace política, sino al revés. Pero aquí hemos transitado de amenaza en amenaza hasta llegar al peor escenario.

Contra el referéndum catalán -considerado como hecho inevitable- sólo caben ya medidas traumáticas. Para impedir su celebración habrán de ponerse en marcha procedimientos excepcionales que van desde el precinto de los colegios electorales hasta una discutible disolución de la autonomía que algunos anclan en aplicación del mecanismo termonuclear del artículo 155 de la Constitución, con la aprobación por parte del Senado. Aunque para algunos expertos no está claro que se pueda suspender al Gobierno catalán y disolver su Parlamento, en el previsible caso de que ambas instituciones desobedezcan las instrucciones del Gobierno central sólo quedará el recurso de la fuerza. Si eso llegara a ocurrir, la escalada de tensión habrá llegado a un paroxismo de consecuencias imprevisibles.

Hasta ahora, la salida del Govern catalán ante la inminencia de la catástrofe ha sido transformar las urnas de referéndum independentista en urnas electorales. O lo que es lo mismo, han convertido la frustración de no poder celebrar la consulta en gasolina para unas elecciones en las que reforzar la presencia de los partidos secesionistas en el Parlamento catalán. Algunos piensan que este año, nuevamente, volverán a echar mano del mismo recurso: ante la prohibición del referéndum, convocatoria de elecciones. O sea, el recurso de costumbre.

Pero los más pesimistas consideran que el truco está gastado y que esta vez llegarán a las últimas consecuencias. Que los independentistas catalanes han llegado ya a esa parte de su plan que consiste en provocar la intervención del Estado y de las fuerzas de seguridad, la suspensión de la autonomía y la asunción del poder en una especie de "virreinato" por Soraya Sáenz de Santamaría a la que Rajoy ha lanzado a la charca de los cocodrilos durante estos meses para que vaya ensayando lo que puede ocurrir tras el apocalipsis zombi.

En España, febrero de 2017, los socialistas se están sacando las entrañas a navajazos; los líderes de Podemos, Iglesias y Errejón, se la están midiendo a ver quién la tiene más larga y el PP dormita en la incómoda cama de un gobierno en minoría. Y mientras todo esto ocurre, nos acercamos al encontronazo con el desafío catalán. Una cita con la historia que nos coge con los pantalones por los tobillos. El nuestro es ese lugar donde funciona inexorablemente una de las leyes de Murphy: si algo puede salir mal, saldrá mal.