El Gobierno de Canarias debe comenzar más pronto que tarde con los estudios previos para bajar el IGIC, tal y como se comprometió. Al fin y al cabo, la austeridad debe ser temporal, ya que el fin último de la economía es la prosperidad.
Un presupuesto con superávit y un amplio cumplimiento en las previsiones de recaudación fiscal permiten al Ejecutivo disminuir algunos tipos fiscales, bien para potenciar el consumo y el empleo, bien para hacer más atractivo nuestro territorio para algunos sectores estratégicos con exenciones competitivas que permitan atraer talento e inversión exterior.
Un sistema fiscal justo es aquel que propicia la convergencia en cuanto a la cohesión social necesaria de un territorio y se aleja de la divergencia producida por un exceso de esfuerzo fiscal de unos pocos.
No debemos olvidarnos de lo importante que es aumentar la lucha contra el fraude fiscal, controlando, también, el absentismo laboral, que genera competencia desleal con las empresas que pagan sus cotizaciones e impuestos por parte de aquellos que la utilizan para ampararse bajo el manto de la economía irregular, así como la falta de contribución suficiente a las arcas públicas que exige aumentar la recaudación subiendo impuestos a los que sí pagamos.
Los empresarios tienen tanto derecho a percibir beneficios por su iniciativa como a pagar los impuestos que les correspondan, siempre que sean adecuados.
Aunque también es cierto que, hoy en día, existe una parte de la sociedad que no quiere reconocer al empresario su aportación a la cohesión social, si bien, al menos se le debería respetar por hacerlo.
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