Hay que dar la bienvenida a la rebaja tributaria acordada por el Gobierno de España, siempre que se trate del primer paso en la reforma del IRPF, que persiga que su disminución afecte mayoritariamente a las rentas más débiles y que el tipo marginal máximo nunca exceda del 40%, parámetro sicológico a partir del cual se incentiva la defraudación masiva y la desgana por trabajar más, dado que se trabaja y se gana para un "socio" que se llama Hacienda.

Resulta obvio que en el ejercicio 2015 la repercusión media es tímida: 71 euros anuales para cada contribuyente, y que este primer paso podía haberse asumido tiempo atrás, pero si marca una voluntad decidida de establecer una tendencia tributaria -en la que cooperen las Comunidades Autónomas- en el plazo de dos años resultará aliviada la presión fiscal y compensados los contribuyentes por los sucesivos incrementos en los impuestos indirectos.

En consecuencia, debemos aplaudir esta decisión de Rajoy y animarle para que acometa la rebaja de las cuotas de la Seguridad Social, que constituyen la otra gran losa que quebranta la economía de las pequeñas y medianas empresas en toda España.

En el Cabildo de Tenerife se ha cerrado, al fin, un pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el PSC, quedándonos el PP en la oposición.

Pero Carlos Alonso ha hecho el ofrecimiento de un "caramelo envenenado" a los consejeros insulares encabezados por Manolo Domínguez y Pedro Suárez: una supuesta Consejería para las relaciones del Cabildo con el Gobierno de España.

Espero que esa oferta sea inmediatamente declinada por el PP, que debe dedicarse a su labor de leal oposición... y punto.

Carlos Alonso se ha visto obligado a un pacto que no quería con el PSC y pretende, al ofrecer esa consejería al PP dos objetivos. El primero, humillar al PSC demostrándole que el presidente es él. El segundo, que el consejero del PP le saque las castañas del fuego al Cabildo mientras Rajoy esté al frente del Gobierno de España.

No debemos asumir esa responsabilidad habiéndonos quedado en la oposición, ya que si dicha gestión arroja resultados positivos, el tanto se lo apuntará Carlos Alonso y CC, y si son negativos, la responsabilidad sólo se atribuirá al PP.

Sería una auténtica necedad por nuestra parte meternos en ese juego. Si gobiernan CC y el PSC, que asuman sus responsabilidades ellos. Además, se podría dar la imagen de que aceptamos una "limosna" simplemente para que alguno de nuestros consejeros se coloque con un sueldito...

En La Victoria de Acentejo la dirección insular del PP está inmersa en el esperpento de haber expedientado y suspendido de militancia al alcalde Fermín Correa por haberse votado a sí mismo...

Recomiendo a los responsables insulares que antes de seguir adelante se lean el artículo 23 de nuestra Constitución y no metan la pata, porque seguramente no hay un juez o tribunal en toda España que se atreva a avalar una posible expulsión de partido alguno -con independencia de otras consideraciones- por el hecho de que nuestro candidato a alcalde y el segundo concejal se hayan votado ellos mismos y lo hayan conseguido.

A la postre hicieron lo que era lógico, conseguir la Alcaldía, objetivo para el que lo presentamos y derecho constitucional implícito en cualquier concejal.

No puede ningún presidente insular pasar por encima de ese derecho ni determinar o coaccionar el voto por sí mismo de los concejales libremente elegidos por los ciudadanos.

Los tribunales de Justicia no lo van a consentir.

Que se imponga la cordura...

*Profesor titular de la Facultad de Derecho de la ULL