Canarias es la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de parados que llevan más de dos años intentando acceder al mercado laboral sin conseguirlo. Un 46 por ciento de los desempleados isleños está en esta situación. Lo peor es que el número de residentes en nuestras Islas que no encuentra trabajo después de transcurridos 24 meses desde que perdieron su empleo se ha multiplicado por diez entre 2008 y 2014. La carencia de una formación adecuada incide de forma directa en este problema, aunque también cuenta la edad de los desempleados. Los mayores de 45 años son los que más dificultades tienen para volver a encontrar colocación, aunque también se ha producido un aumento importante en el grupo de los menores de 30 años que llevan más de dos años intentando encontrar trabajo.
Estos son los datos más significativos de una noticia que adelantábamos ayer en nuestra edición digital. Información que confirma lo que venimos diciendo desde hace tiempo en nuestros editoriales y comentarios: lo peor no es el gravísimo problema del número de parados, sino la dificultad para que encuentren un empleo las personas que lo han perdido. Un número de ciudadanos que resulta escalofriante, pues cerca de 400.000 habitantes del Archipiélago están en esta situación, aunque las cifras de demandantes de un puesto de trabajo que se han registrado en las oficinas de empleo indiquen un paro menos significativo. Como hemos explicado anteriormente, ello se debe a que muchos parados ya no se molestan en inscribirse, pues pocos son los que conservan alguna esperanza de ser contratados con independencia de que se apunten en esas listas o dejen de hacerlo.
La pregunta es quién tiene la culpa de esta situación. La primera mirada recae en los políticos. Llevamos años oyendo hablar de planes de empleo tanto a consejeros del Gobierno de Canarias como a ministros del Gobierno de España. ¿Qué pensarán de esas promesas los padres y las madres de familia que sobreviven a duras penas gracias a la caridad de familiares y amigos, porque en sus hogares hace mucho tiempo que todos están desempleados? A todo ello hay que añadir la circunstancia agravante de que el 47% de los parados canarios no recibe ninguna prestación.
¿Responsabilidad de los políticos? Sin duda, pero no solo de los políticos. España, y también Canarias por su dependencia de España, siguen encorsetadas por una legislación laboral y fiscal obsoleta. Sorprende que 39 años después de que concluyese el franquismo sigamos con unas leyes tan excesivamente proteccionistas con el trabajador, que terminan por perjudicarlo. La reforma laboral realizada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sido necesaria, pero insuficiente.
Sabemos que estas ideas no gustan a los sindicatos ni a los comités de empresa. Los sindicatos y todos los mecanismos orientados a la defensa de los derechos de los trabajadores son necesarios. Diríamos que incluso son imprescindibles. Sin embargo, si van más allá de esa defensa y se convierten en instrumentos que minan la salud financiera de las empresas, flaco servicio les hacen a los trabajadores. Son los empresarios quienes crean los puestos de trabajo, que es el primer paso para que las familias tengan ingresos. Sin empresarios y sin empresas no se sale del agujero económico.
Puede que a algunos políticos les resulte difícil tener ideas para generar puestos de trabajo. No hace falta que se estrujen demasiado el cerebro. Les basta y les sobra con copiar lo que están haciendo otros países europeos cuya legislación laboral, muchísimo menos proteccionista que la española, no impide la defensa de los derechos individuales. Sería ridículo que en España quisiésemos ser más democráticos y más respetuosos con los derechos humanos, por ejemplo, que los alemanes, los franceses o los británicos.
En definitiva, no les vamos a pedir a los políticos, sean cuales sean las siglas del partido en el que militan, que tengan imaginación para buscar ideas nuevas; para emprender acciones que hasta ahora no han sido capaces de adoptar. Sí les exigimos encarecidamente que no sigan engañando a la gente con vanas esperanzas. Crear falsas expectativas calma los ánimos inicialmente, porque ese es uno de los efectos de los engaños, pero a medio y largo plazo revuelve a las masas contra el embustero. Decir la verdad supone admitir claramente que no hay solución inmediata para los cientos de miles de parados que existen en Canarias. La esporádica reducción del desempleo no se debe tanto a la creación de nuevos puestos de trabajo sino a que muchos inmigrantes han vuelto a sus países de origen y, lo que es peor, a que muchos canarios han tenido que emigrar como ya lo hicieron sus antepasados. El exiguo aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social supone la mejor prueba de lo que decimos.
El segundo paso que han de darlos políticos es afrontar con valentía esa auténtica reforma laboral que reclaman los empresarios. No se puede seguir criminalizando a quienes empeñan su patrimonio para salvar a sus empresas; algo que supone, en último término, salvar puestos de trabajo. La mejor garantía de empleo para los trabajadores no es la existencia de una legislación que dificulta el despido con indemnizaciones impagables. Lo mejor para cualquier ciudadano es la existencia de muchas empresas, de forma que si lo despiden de una pueda encontrar empleo en otra. Si esto funciona en los países más avanzados, ¿por qué no ha de hacerlo en España y en Canarias?
Paralelamente, hay que reducirla presión fiscal. También en esto está siendo muy tímido el Gobierno de España al anunciar ciertas rebajas para el 2015; curiosamente el año en el que se celebran elecciones municipales, autonómicas y, posteriormente, también legislativas. Eso suena a oportunismo. El abultado déficit público hay que recortarlo adelgazando la Administración en vez de manteniendo, e incluso incrementando, los impuestos. También en este aspecto debemos tomar buen ejemplo de lo que han hecho países como Italia o Francia. De nuevo nos preguntamos por qué no lo hacemos nosotros si lo han hecho ellos.
Estamos viviendo las consecuencias de una época de despilfarro. Algunos derroches se pasaban por alto -sin que por ello dejasen de ser derroches- en los años de las vacas gordas. Ahora, cuando la situación es manifiestamente distinta, insisten nuestros gobernantes en exigirles sacrificios a los ciudadanos sin imponérselos ellos mismos. ¿En cuántos vehículos se han reducido las onerosas flotas de coches oficiales? ¿Cuántas dietas han dejado de percibir los concejales con sueldo o los diputados regionales? ¿Cuántos liberados sindicales se han reincorporado a puestos productivos en sus respectivas empresas? Pequeños gastos -y también pequeños ahorros que no se producen- suficientes, si se suman en conjunto, para que quede dinero destinado a acciones esenciales.
Dinero, entro otros menesteres urgentes, para que el Hospital Universitario de Canarias no demore hasta cinco meses algunas pruebas diagnósticas. Muchos son, nosotros entre ellos, los que defienden la sanidad pública. Sin embargo, ¿de qué nos está sirviendo esta sanidad con las interminables listas de espera hospitalarias que padecemos desde hace años?
También en este caso los datos son preocupantes. Como adelantábamos ayer, la demora en las pruebas diagnósticas alcanza ya una media de 97 días en el Archipiélago, según datos de la Consejería de Sanidad. El citado Hospital Universitario de Canarias es el centro con mayor demora media, pues alcanza los 155 días. Nada de esto se corresponde con los estándares de los países desarrollados.