No ceja el PP en su empeño de destruir los servicios públicos. Amparado en una mayoría absoluta que entiende como un cheque en blanco para cualquier tropelía, afina una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que va a dejar temblando a las administraciones más cercanas a los ciudadanos, los ayuntamientos, y cuya onda expansiva en Canarias afectará de lleno a Cabildos y autonomía.

El fin último, que nadie se llame a engaño, es privatizar los servicios públicos y servirle un negocio jugoso a la iniciativa privada. La actual legislación data de 1985, lo que indica que va precisando una reforma que la adapte a los tiempos actuales y a los cambios que ha experimentado la sociedad. Tanto es así, que el PSOE propuso, ya en la anterior legislatura, una reestructuración basada en evitar duplicidades para ahorrar sin perder eficacia, definir con claridad las competencias municipales y garantizar su financiación. Lamentablemente, no contó con el respaldo del PP, que bloqueó cualquier iniciativa de pacto. Un cambio de ese calado tiene que ser siempre fruto del consenso, algo que el PP ni supo ver entonces ni quiere ver ahora.

Una reforma necesaria no puede confundirse ni ser excusa para ejecutar una demolición. El texto presentado establece la retirada de competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (en Tenerife son 19) para que pasen a la diputación (en este caso al cabildo) o a otra administración superior, y que sea ésta la que decida de qué forma pasarán a prestarse esos servicios públicos, desde el abastecimiento de agua hasta la ayuda domiciliaria. En el caso concreto de los servicios sociales, la ley prevé que en un año la titularidad de esas competencias pase a la Comunidad Autónoma, que podrá "racionalizarlas" como considere.

En lenguaje del PP "racionalizar" es el sinónimo bonito de recortar y/o privatizar. Y los servicios sociales son un pastel goloso para las hambres privatizadoras, porque todos somos potenciales consumidores de esa atención social, de esa plaza para un mayor dependiente, o para un hijo discapacitado, por ejemplo. El PP nos encamina a un modelo de servicios sociales basado en el dinero, no en los derechos, que se convierten en productos de mercado. Al mismo tiempo, para quien no pueda hacer frente a ese gasto, se reserva un modelo de atención social basado en la beneficencia, un modelo en blanco y negro que nos había costado treinta años superar. Ni siquiera el duro dictamen en contra del Consejo de Estado, advirtiendo de que de ninguna forma se acredita el ahorro que se alega como justificación, parece frenar al PP en su intención de sacar adelante una reforma que rechaza todo el mundo, desde el resto de las formaciones políticas hasta las administraciones y muchos alcaldes del mismo partido.

Frente a esto, el PSOE propone una reforma del régimen local que otorgue un marco claro de competencias a cada administración, para que nadie duplique esfuerzos y gastos, que asegure la ejecución efectiva de esas competencias y que garantice una financiación estable y suficiente. Hay que proteger a los ayuntamientos. El PSOE ha sido siempre un partido decididamente municipalista, que ha creído y cree en la fuerza de los consistorios locales como instituciones públicas más cercanas a los ciudadanos, a sus demandas y necesidades. El ayuntamiento es la primera puerta; no podemos consentir una reforma que cierra esa puerta y tira la llave.

Todos salimos perdiendo con este proyecto de ley. Los ciudadanos, porque tendrán servicios más caros y menos eficientes; las administraciones, porque verán quebrantada su autonomía; la democracia, porque desautoriza a alcaldes y concejales, que son los representantes elegidos por los ciudadanos.

Era inconcebible pensar que el PP se atreviera a tanto. Ahora la pregunta es dónde irán a detenerse.

*Vicepresidente y consejero de Bienestar, Sanidad y Dependencia del Cabildo Insular de Tenerife

@aurelioabreutf