¿Cómo es posible que el presidente de un Gobierno autónomo, cuyas limitaciones establece claramente su Constitución, con categoría de ley, se atreva a violar artículos de esa misma Constitución, como la libertad de prensa? Pues el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, lo ha hecho dictando un decreto, que este periódico, en su número del martes 19, califica de "decretazo" por su importancia y consecuencias contra los medios de difusión que critican políticamente al Ejecutivo regional, por considerarlos este último díscolos y no aplaudir y elogiar todas sus decisiones.
Dice este diario, al dar la noticia, que la campaña que pone en práctica Rivero está dirigida a acallar a los medios de comunicación molestos políticamente y establece el Gobierno nuevas medidas para la inserción de las campañas de publicidad institucionales. Se trata, repito, de todos aquellos medios de comunicación asociados con la labor del Gobierno y, para ello, no va a escatimar medios para llevarlo a cabo.
Se sabe que el Gobierno canario paga semanalmente una página de publicidad a todos los periódicos canarios excepto a EL DÍA, lo que señala sus propósitos. El número de lectores del periódico no se tienen en cuenta ni otras ventajas que tiene EL DÍA. O sea, que las intenciones están claras.
Este es el último, o uno de los últimos, actos, porque se esperan más de la campaña negativa que llevan contra este periódico el Gobierno de Canarias y su presidente. Y es otra incógnita que se abre ante la posible cuestión y su resultado.
Por si nos dejamos, involuntariamente, algún dato de interés que pueda esclarecer este tema, remitimos al lector a repasar el aludido número del 19 de marzo de este periódico.