EL PRESIDENTE de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Arturo Mas, tras el rotundo fracaso obtenido en su reunión en la Moncloa con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el día 20, donde le solicitó un pacto fiscal para Cataluña, planteó un Estado independiente para Cataluña. Esta reivindicación fue respaldada en una multitudinaria manifestación de catalanes deseosos de independizarse de España para convertirse en un Estado soberano dentro de la Unión Europea.
Cuando se quiere dar un paso tan trascendental para conseguir la independencia de una región o territorio que forma parte de la unidad nacional de España es preciso valorar las consecuencias que ocasionaría no solo para Cataluña, como es el caso que nos ocupa, sino para cualquier otra región española que lo pretendiera. Aquellas personas que al grito de ?¡independencia!? creen que su situación general y particular supondría un cambio favorable en su vida deberían ser más ecuánimes y no dejarse llevar por manipulaciones de cantamañanas, para quienes todo resulta fácil y accesible.
Tal como está la legislación española, la europea y la de las Naciones Unidas, una declaración unilateral de independencia de un territorio que forma parte de una nación soberana no resulta tan fácil como se cree, amén de los inconvenientes o consecuencias que una decisión de tal naturaleza supondría.
Veamos. El hipotético Estado proclamado unilateralmente quedaría, inmediatamente, fuera de la Unión Europea. ¿Y qué supondría esto? Pues que perdería todo tipo de subsidios europeos, de los que dependen sectores económicos como la agricultura, obras públicas, industrias, etc. Además, los productos agrícolas, industriales, comerciales, etc., de ese Estado independizado de España no podrían entrar en la UE sin pagar aranceles, lo que automáticamente los encarecería lo suficiente como para ser prohibitivos, generando un desempleo catastrófico. Pero es que, además, en el caso de que ese nuevo Estado pretendiera asociarse a la UE, tendría que ser con la aceptación de todos los Estados miembros, incluido España. Algo improbable.
Del mismo modo, al ser un Estado no perteneciente a la UE, quedaría automáticamente fuera de la zona euro. Esto supondría que ese Estado tendría que crear una nueva moneda con un tipo de interés más alto que el euro para que esta no fuese papel mojado y a la que tendría que recurrir para endeudarse en el exterior. También supondría incrementos espectaculares de impuestos y, por supuesto, que la deuda a la que se contrataría las hipotecas y los préstamos se multiplicarían como mínimo por dos.
La Seguridad Social española se desvincularía automáticamente de la existente actualmente en las regiones independizadas del Estado español, por lo que estas, que ya están con déficit, se hundirían. ¿Y qué pasaría con las pensiones de los jubilados? Pues, probablemente, los pensionistas ya existentes seguirán cobrando su pensión, pero no así los jubilados que accedieran a esa condición a partir de la fecha de independencia.
Cuando se habla de lograr la independencia de una parte del erritorio nacional español, hay que valorar bien las consecuencias y los riesgos económicos que una medida de tal naturaleza podría suponer. Así, por ejemplo, la declaración unilateral de independencia de una comunidad autónoma española generaría el pánico en todos los depositantes no residentes en la misma por parte de entidades financieras con sede en dicha comunidad, llevando a una retirada masiva de depósitos que colapsaría su funcionamiento y desequilibraría de tal forma su balance que se verían obligadas, con toda probabilidad, a cerrar sus puertas.
En el aspecto económico, asimismo, es muy posible que se produzca un boicot masivo del resto de España por parte de los consumidores, pues es fácil considerar que el rechazo contra los separatistas sería inevitable. Recordemos el boicot que muchos españoles hicieron en 2004 a los productos catalanes como consecuencia de las declaraciones, entre otros, del entonces líder de ERC, Carod Rovira, durante la negociación del Estatuto catalán.
Al retirar a las FF.AA. y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esas regiones quedarían a merced de sus policías autonómicas, que, por supuesto, no podrían garantizar su soberanía, su independencia, ni podrían controlar el creciente aumento de la delincuencia, producido a partes iguales por la crisis y por los odios internos de aquellos ciudadanos que al considerarse españoles no querrían la independencia.
Por último, si el sueño de Arturo Mas u otros independentistas se hiciera realidad, no harían otra cosa que perjudicar no solo a España, sino condenar a los habitantes de las regiones independizadas a la miseria.