HACE 220 años, un 11 de marzo, Carlos IV firmaba el Real Decreto por el que se creaba en Canarias la Universidad de San Fernando, fecha elegida por la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad de La Laguna -de la que formamos parte- como Día Institucional del centro.

Cómo olvidar la ingente labor de una institución en cuyo Claustro de profesores participamos como catedrático desde hace más de treinta y cinco años, caracterizada por su implicación activa en el devenir de la isla de Tenerife y de la ciudad que le da nombre, que disfruta a coste cero de los innumerables beneficios que reporta el hecho de ser sede universitaria.

Por no hablar de su compromiso con generaciones de canarios que han recibido en el centro lagunero una formación académica de primer orden. Más de dos siglos después, son muchos los alumnos, profesores y personal de administración y servicios que han pasado por esta sede, referencia de la educación superior y la actividad científica y cultural de las Islas.

Esta semana se celebró en el Paraninfo el acto solemne de conmemoración de estos 220 años, presidido por el magnífico rector de la Universidad de La Laguna, el profesor Eduardo Doménech, que expuso su visión acerca de las vicisitudes que atraviesa la institución y su modelo docente e investigador. Nos honró con su presencia la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle.

Se rindieron los tradicionales homenajes a los jubilados del personal docente, administración y servicios, y se entregaron tanto los premios de fin de carrera y el Premio Extraordinario de Doctorado, como los nuevos premios destinados, con acierto, a reconocer facetas tan importantes como el mecenazgo o la investigación.

Ya hemos dicho muchas veces que el prestigio, precisamente, es algo que cuesta mucho conseguir, pero que se diluye muy rápidamente. Ese riesgo corremos si no se garantiza la financiación que necesitan tanto el centro tinerfeño como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Nos referimos al logro que supuso que el Campus Atlántico Tricontinental de ambas instituciones lograse la denominación de Campus de Excelencia Internacional de ámbito regional europeo (CEIR), con el unánime apoyo de la sociedad y el ámbito político y empresarial de las Islas, que el Gobierno de Canarias ha renunciado a dotar como se merece, en una cuestionable decisión.

La excelencia de ambos centros en el campo de la astrofísica, el ámbito marino a partir del desarrollo de la piscicultura, la acuicultura y la algología, junto a la biomedicina y los trabajos de investigación que desarrollamos en el continente africano, nos hicieron acreedores de esta certificación europea, reconocimiento que se suma a los muchos que atesora, tras más de dos siglos, la Universidad lagunera.

Los profesores Doménech y De la Calle coincidieron en instar al Ejecutivo regional a mantener la financiación del Campus de Excelencia Internacional, al que calificaron de "herramienta útil para sacar al país de la crisis".

Se dijo durante el acto, y estamos de acuerdo, que no financiar este programa es un verdadero retroceso, por cuanto une a las entidades privadas, a las instituciones educativas y a los gobiernos. Todo un modelo de cohesión que ha de servirnos para salir de este duro momento de recesión, junto a la mejora de nuestra economía.

Procurar la mejor formación a estas nuevas generaciones es la mejor fórmula para garantizar nuestro futuro. Sin ellos, poco podremos hacer para sacar a este país de la crisis.

No podemos, por tanto, permitirnos el dudoso honor de liderar el ranking nacional de "fuga de cerebros", un éxodo que nos hace perder nuestro más valioso activo, nuestro capital humano, que marcha a otros países dentro y fuera de la Unión Europea para explotar su talento lejos de nosotros.

Si bien es motivo de orgullo que haya universitarios canarios liderando proyectos en mercados emergentes como Dubái, Panamá o Kuala Lumpur, o ejerciendo sus profesiones en economías tan competitivas como Ámsterdam, Berlín o Londres, también es cierto que la pérdida de miles de talentos es lo que menos conviene a Canarias. Más aún. Nos inquieta que algunos políticos de esta tierra, inconscientes de la irresponsabilidad que supone, les sigan animando a volcar su talento en el exterior, no para ahondar en su formación, sino para "trabajar de cualquier cosa". Imaginamos que es un lapsus linguae de quien lo ha dicho, que poco se ha preocupado de crear las condiciones necesarias para generar aquí empleo estable para ellos.

La enseñanza pública es una prestación ineludible e inexcusable, y el compromiso del Gobierno autonómico con sus universidades ha de ser innegociable. Ya se suspendió el contrato-programa para este año, y tampoco contamos con fondos regionales para el Campus de Excelencia Internacional.

La noticia no puede ser peor. Cuando todos coincidimos en la necesidad de dejar de depender del binomio turismo-construcción como fórmula para crear empleo, más que nunca es necesario apostar por esa formación continuada y de calidad, basada en criterios adaptados al Plan Bolonia, y centrados en el fomento de la I+D+i+d, clave para ese cambio de modelo económico.

El Ministerio de Educación tiene la misma percepción que nosotros, y así se nos ha trasladado en las reuniones que hemos mantenido, de las que se desprende la plena disposición hacia el impulso de fórmulas estables de financiación.

La Universidad tiene como función crear hombres y mujeres libres y empleables, y a ello nos debemos, en la convicción de que dedicar fondos a formación, educación e I+D+i+d no es gastar, sino invertir.

Por ello, no podemos sino sumarnos a la petición reiterada del profesor Eduardo Doménech, que ha insistido al Gobierno canario que no paralice la inversión en ciencia y enseñanza superior, con una frase llamada a hacer historia: "Si pensamos que la excelencia cuesta mucho, esperemos al precio de la factura de la mediocridad".