AÑO NUEVO, vida nueva. Eso, al menos, es lo que solemos prometer cada año cuando amanece el nuevo día y aún permanecemos inmersos en la nube de la resaca de la noche anterior. Esta vez, la dieta para adelgazar no es personal, sino colectiva; en concreto, o metemos la tijera e imponemos una disciplina férrea al despilfarro en el gasto de la Administración en general -nacional, autonómica, regional y local-, o nos vamos todos a la suspensión de pagos, recogemos lo poco que nos quede y nos mandamos a mudar. De hecho, y según las últimas previsiones, este nuevo año nace bajo la amenaza de sufrir un verdadero estallido social.

Nunca es tarde para arreglar las cosas. Ya se sabe que la vida a veces resulta que fue lo que ocurrió mientras estábamos ocupados haciendo planes. Debemos vivir la vida y, sobre todo, vivirla de forma compartida, plena y, a ser posible, no jodiendo a los demás. Sí, hablo de política y de economía, no me he ido por las ramas; porque para que en una sociedad pueda vivir en paz y con libertad el momento, el día a día, es necesario tener, al menos, cubiertas una serie de necesidades básicas como la salud, la educación, el trabajo y un techo donde cobijarnos; además de vivir en la confianza de que se van a respetar, por la Administración de turno, nuestros derechos fundamentales de expresión, propiedad, religioso, intelectual e ideológico. Y, sobre todo, aunque no habría ni que decirlo, que no nos roben o que su nula gestión no nos conduzca al desastre político y/o a la ruina económica.

Para que esta España de las autonomías -todo un alarde político-circense, donde siempre se espera un salto mortal más a ninguna parte- funcione medianamente bien es necesario, urgente diría yo, buscar nuevas fórmulas para que sea viable, económicamente hablando. Desde un punto de vista político, diría que no existen recetas milagrosas para que el conjunto de las autonomías -cierto es que unas más que otras- superen el complejo victimista del que tan a menudo hacen lacrimosa y lastimosamente gala.

Tal y como están las cosas en la política española, donde ya poco queda que ceder en el Estado central a las cada vez más insatisfechas autonomías, las cuales ya son responsables de cerca del 40% del gasto público, de nada sirve que la Administración central se apriete el cinturón si no lo hacen al unísono las distintas administraciones territoriales. Esta dieta de adelgazamiento que necesita urgentemente nuestra administración precisaría en general de los siguientes ingredientes:

-Devolución por parte de las autonomías de todo lo referente a educación, sanidad y justicia, a la vez que se reduce cualquier clase de duplicidad administrativa o de representación, incluidas las sedes presidenciales, embajadas, empresas públicas deficitarias, televisiones autonómicas, observatorios, agencias y consorcios.

-Exigir claridad y transparencia en las cuentas públicas, así como la presencia del auditor de cuentas, y que este dependa de un organismo neutral y, por supuesto, independiente de los organismos a los que debe fiscalizar y auditar.

-Imponer mecanismos de control interno y externos a las administraciones que han de rendir permanentemente cuentas a la sociedad.

-Fijar por ley un gasto límite a las cuentas públicas, así como un techo para el endeudamiento.

-Siguiendo el modelo impuesto por la Comisión Europea, el Estado central debería tener asignadas determinadas competencias -al menos las mismas que tiene dicha Comisión sobre sus Estados miembros-, en este caso, sobre las distintas autonomías españolas.

-Reforzar las leyes de estabilidad presupuestaria para dejar claro de una vez el papel del Estado cuando acaece una emergencia fiscal, como ha sucedido recientemente con la reducción de los sueldos públicos.

-Crear estructuras de previsión de gastos extraordinarios capaces de soportar los cambios y vicisitudes de ciclos económicos.

-Delimitar los sueldos públicos en función de la importancia y representatividad del cargo, así como responsabilizar política, penal y monetariamente los desafueros que puedan cometer los políticos en su puesto o función y que, de otra forma, recaerían en los contribuyentes.

-Asimismo, ya va siendo hora de corresponsabilizar también al conjunto de la sociedad para que todos entendamos y compartamos el esfuerzo y sacrificio, así como el gasto que implica el sostenimiento del Estado del bienestar, implantando un copago -simbólico si se quiere- por recibir determinados servicios públicos como puedan ser sanidad o educación.

-Y por último, y no menos importante por ello, revisar con seriedad y responsabilidad la edad de jubilación, así como los derechos y los deberes de los empresarios y trabajadores, basados en unas relaciones laborales más flexibles, donde los convenios colectivos sean revisables no por sectores, sino por empresas, y donde los sindicatos, que se supone deben subsistir solo y exclusivamente de las cuotas de sus afiliados, encuentren de una vez el verdadero significado de su propia existencia.

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