EMPIEZA a hablarse de discrepancias y tensiones internas tanto entre CCOO y UGT como en el seno de las dos principales fuerzas sindicales, tras el "tijeretazo" del Gobierno. Sobre todo, por razón de dos de las medidas de "ajuste duro", la reducción de sueldos de los funcionarios y la congelación de pensiones. Este mismo lunes, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández "Toxo", se ha mostrado contundente respecto a la congelación de pensiones anunciada la semana pasada por el Gobierno: "Es un atraco", ha asegurado el sindicalista en el programa "Herrera en la Onda", de Onda Cero. Y sobre la petición del ministro de Fomento, José Blanco, que había solicitado a los sindicatos "una respuesta proporcionada a la situación", el secretario general de CCOO contestó: "A saber lo que entiende el señor Blanco por una respuesta proporcionada. Hay una primera respuesta que es la que van a dar los funcionarios públicos. En el ámbito de las pensiones, creo que es un atraco lo que se va a hacer con los pensionistas en España. Y yo no descarto que haya otras medidas y de otro nivel", ha afirmado, en referencia a una huelga general.
En cuanto a que se mantendrá el poder adquisitivo de las pensiones en el conjunto de la legislatura, como ha asegurado el jefe del Gobierno, Rodríguez Zapatero, Fernández Toxo ha señalado que "¡sólo faltaría que se lo quitasen con carácter retroactivo!". El dirigente de CCOO ha explicado que las pensiones se actualizan con referencia al mes de noviembre del año anterior, "que es lo que fija la ley. No, si encima le van a tener que estar agradecidos los pensionistas al Gobierno por quitarles una cantidad apreciable. Depende de lo que suba la inflación a lo largo de este año. Conviene no perder de vista que en España la pensión media es de 870 euros. Hay gente en umbrales muy próximos a la pobreza que va a ver cómo su pensión se va a ver congelada". "Toxo" también ha hecho referencias a la reforma laboral. "Vamos a intentar que el Gobierno no tenga que hacer nada, porque ya bastante daño está haciendo en estas circunstancias. Yo prefiero un acuerdo con las organizaciones empresariales. Es posible, aunque difícil".
Entre tanto, empiezan a hacerse cálculos de lo que supondrá para las cuentas del Gobierno la primera bajada de salarios de la democracia, en el sector de la función pública: el Gobierno pretende ahorrar más de 4.000 millones de euros para acelerar la reducción del déficit. Costará a la inmensa mayoría de los 2,8 millones de funcionarios afectados entre 20 y algo más de 200 euros al mes, según las tablas que está manejando el Gobierno y que, según algunos de los altos cargos del Ejecutivo que las conocen, aún no se han terminado de cerrar, dada la complejidad de los cálculos que hay que hacer. En cuanto a los ministros, un miembro del Gobierno calcula que su nómina perderá 800 euros. El ministro de Fomento, José Blanco, declaró el viernes en Tele 5 que la rebaja iba a ser progresiva y lo demostró con un ejemplo: "Va a ser un recorte equitativo. El funcionario que cobre 1.200 euros tendrá un recorte aproximado de 36 euros al mes. Una persona que cobre 3.000 euros tendrá un recorte aproximado de 220 euros al mes. Se recorta más al que más cobra. Porque el que más posibilidades tiene ha de contribuir en mayor medida a este esfuerzo nacional". Y sucede que la inmensa mayoría de los funcionarios tiene un salario de entre 1.200 y 3.000 euros, por lo que la bajada apuntada por Blanco sería de entre el 2,6 por ciento para los sueldos más bajos de la Administración -apenas hay empleados que ganen menos de 1.000 euros al mes en la función pública, según el Gobierno- y el 8 por ciento para los salarios de 3.000 euros, que corresponden a los funcionarios de un nivel medio-alto.
Entre los trabajadores de la Administración central circulan estos días algunas hipótesis de trabajo que señalan unos recortes de hasta el 3 por ciento para los niveles inferiores (12 a 14) y de hasta el 10,5 por ciento para los niveles superiores (del 27 al 30). Por encima de este nivel y hasta el cargo de ministro, los recortes alcanzarían el 15 por ciento. Tanto el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, como el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se han prodigado este fin de semana último en los medios para hacer pedagogía respecto a las decisiones adoptadas. Ambos recordaron que la congelación de las pensiones no significa que los pensionistas cobrarán menos en 2011, sino que algo menos de la mitad seguirán manteniendo las subidas prometidas por el Gobierno -en las prestaciones mínimas y las no contributivas-, mientras que el resto cobrará lo mismo que en 2010. Los ministros recordaron también que durante el mandato de Zapatero las pensiones han subido más del doble que durante los ocho años en los que gobernó José María Aznar. El PP pretende hacer campaña contra la congelación de las pensiones y presionar el Gobierno en el Congreso de los Diputados para que desista de llevar a la práctica esta medida.
En cuanto al recorte salarial aprobado para la función pública, se teme que creará algunos agravios comparativos notables: mientras los policías, los médicos, los profesores o los guardias civiles verán recortadas sus nóminas, los maquinistas de trenes de Renfe, los empleados públicos de Aena, los conductores de flotas de autobuses municipales o del metro en Barcelona, Valencia, Bilbao, Madrid o Sevilla, mantendrán sus salarios, dado que se rigen por convenios propios. Hasta el jueves próximo, cuando lo decida el Consejo de Ministros, no se sabrá con detalle el alcance del llamado tijeretazo.