NO HA MUCHO tiempo, una ministra de cuota zapaterista decía que "el dinero público no es de nadie". Sin duda, llevaba impreso en su cerebro lo que debía ser consigna impuesta por su jefe. Éste soltó hace bien poco aquello de "la Tierra... no es de nadie... es del viento". Así, con un par. Y con el meneíto de la cabeza (inserto en los puntos suspensivos). Y como la Tierra es del viento, pues eso ¡tierra a la vista!, para tratar de que no seamos capaces de ver lo que realmente ocurre en España.

Han pasado ya 31 años desde que aprobamos la Constitución por referéndum, tras haber sido avalada por las Cortes el 31 de octubre de 1978. Y España se constituía en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿De verdad somos lo que decíamos ser? El apartado 2 del Artículo 1 decía y dice: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". ¿De verdad reside en el pueblo español la soberanía nacional? ¿O es que nos hemos convertido en súbditos de nuestra soberanía? ¿Acaso estamos padeciendo los ciudadanos de esta nación de un síndrome bipolar? Si de verdad fuésemos los soberanos que la Constitución dice, hubiésemos impedido la profesionalización en la política; hubiésemos impedido que la división de poderes haya desaparecido; hubiésemos impedido que la partitocracia que padecemos hubiese fagocitado todo lo que de noble había en la Constitución y que nos confería aquella soberanía. Somos meros sujetos votantes; mera coartada de esos seres partitocráticos que hacen y deshacen en nuestras vidas y haciendas.

Con el paso del tiempo hemos visto cómo se ha ido cercenando la crítica en la "opinión publicada" mediante la coacción que supone la retirada o merma de la publicidad institucional (algún que otro caso ha sufrido este periódico). O simplemente mediante la retirada o no concesión de subvenciones. Muy recientemente tenemos el caso, dado también en esta tierra canaria, de la no asignación de subvención al Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC). Centro este que a buen seguro hace más por la cultura canaria que cualquier otro en el archipiélago. Pero el Gobierno, considerando que el dinero es suyo (aquel dinero público que no era de nadie), lo utiliza con fines espurios. En este caso del CCPC, los portavoces de los tres grupos políticos en el Parlamento (CC, PP y PSOE) habían prometido consignar en los presupuestos de la Comunidad para 2010 una subvención de 60.000 euros. Promesa de caballeros y responsables políticos. Pues no. Resultó ser promesa de chafalmejas. No porque los tres personajes lo fuesen, sino porque en eso los convirtieron desde el Gobierno.

Sucede que los gobiernos, además de hacer bien su trabajo y por lo que cobran, han de estar abiertos a la crítica pura y dura. Pero no, los gobiernos consideran que nuestro dinero, el que depositamos y/o nos retienen vía Hacienda, es suyo para hacer con él las mangas y capirotes que mejor les cuadren: para incentivar las alabanzas; para aminorar o silenciar las críticas. No tiene derecho alguno el Gobierno a utilizar el dinero de todos de forma tan soez. Si alguna crítica se considera injuriante o insultante, el personaje afectado del gobierno por tal tiene la vía del Estado de Derecho, que, caso de utilizarla, además, lo hace con el dinero de todos. No es de Estado de Derecho acallar las críticas mediante la coacción que supone negar o retirar una subvención. Tales actitudes creo que dan respuesta a las preguntas que me hacía en el segundo párrafo de este artículo.