SI HAY un tema complejo en este universo de globalización (complejo, complejo de verdad), ese tema puede ser regular y controlar lo que sucede dentro de la red de redes. Aunque sea mínimamente intentarlo va a suponer crear mecanismos y provocar defensas que van a buscar reventar esas trabas. Su funcionamiento, casi por definición de lo que puede considerarse lógica del sistema y libertad, permite visualizar o descargar los contenidos desde un navegador individualizado y acceder a cuantos servicios ofrece la mejor herramienta de conexión con el planeta entero. Es muy difícil ponerle puertas al campo. Si en la calle ha resultado imposible erradicar la falsificación, el top manta, la apropiación indebida de derechos de autor, la paternidad de las ideas? dentro de los increíbles chips, que están detrás del mayor progreso generalizado de la Humanidad, la cuestión se complica hasta límites en los que la política y la justicia empiezan a aparecer.

Hay un país que, por sus grandes intereses, dedicado a cultura y a derechos de creación, trata de abanderar en Europa la lucha contra la impunidad. En Francia, poner coto a la proliferación de descargas ilegales les ha conducido a propuestas que van dirigidas a crear una autoridad administrativa independiente que actuaría bajo supervisión judicial y que se encargaría de, primero, avisar a los usuarios de internet que descarguen contenido ilegal para que cesen en tal actividad para, luego, proceder a cortar su conexión. La desconexión podría ser en primera instancia temporal, del orden de diez o quince días, y posteriormente definitiva. El internauta desconectado aparecería en una especie de lista negra al estilo de las de los ludópatas, que tienen acceso prohibido a los casinos.

Pero la cosa no es nada sencilla, primero porque no se sabe si las operadoras que viven del auge de las redes P2P colaborarán de buen grado. Segundo porque las asociaciones de internautas ya han comenzado a acusar al Gobierno de "escalada represiva" y vaticinan que de aplicarse lo que ellos consideran restricción a su libertad las grandes redes públicas P2P se convertirán en redes privadas tipo Darknet, es decir, codificadas y anónimas, además de la potenciación que provocará a los sistemas alternativos tipo wi-fi y sistemas antirrastreo electrónico. Tercero, porque ya se están blindando quienes ejercen de transmisores interesados culpables, y cuarto porque ese tipo de control no abarca el abanico infinito de lo que puede considerarse delito o sustracción creativa.

Por ejemplo, un verso, un chiste, una idea... Por ejemplo, un artículo periodístico o una columna de opinión pueden ser un trabajo intelectual de primer orden que merecería el pago de unos céntimos de euro (por decir algo) y por acceso. Parece justo que en cualquier parcela de la vida la gente que se "beneficia" pague un cierto canon por imágenes, músicas, historias, poesías... (en la medida en que se pueda fijar un precio de mercado razonable, que esa es otra) a los internautas o viajantes que las han utilizado. ¿Pero cómo carajo se controla que lo publicado sea original, lo que vale cada cosa, lo que se divide entre los responsables, lo que a su vez se puede retransmitir...? Sobre todo, ¿quién va a administrar eso que cada vez llevaría a más complejidades? Y, dada la característica abierta del sistema, ¿cómo carajo se va a evitar que surjan nuevas herramientas para saltárselos?

Los socialistas de Madrid, dentro del famoso anteproyecto de ley de Economía Sostenible, han aprobado la puesta en marcha de un plan antipiratería que prevé el cierre o bloqueo de páginas de descargas ilegales. El Gobierno pretende así dar respuesta rápida a las demandas de autores y editores que ven cómo fracasan repetidamente sus intentos de llevar ante los tribunales a los responsables de las webs que vulneran las leyes de propiedad intelectual. Será una Comisión de la Propiedad Intelectual, que deberá crearse a tal efecto, el órgano encargado de escuchar a las partes y resolver si hay, en cada caso, una lesión de la propiedad intelectual. Cuando se decida bloquear una determinada página, cuidado, se requerirá la autorización previa de un juez de la Audiencia Nacional, que deberá obtenerse en un máximo de cuatro días. Como no se tratará de una medida cautelar, sino de una decisión administrativa, los sancionados no podrán recurrir judicialmente y sólo podrán acogerse al contencioso-administrativo, litigio que puede durar años.

Es lo que le faltaba a la Justicia.