SI TODOS los sucesivos gobiernos democráticos españoles de nuestro tiempo se hubieran empeñado primordialmente en gobernar España por el bien común de todos los ciudadanos con el mismo rigor y poder que ha venido y está imponiendo el PSOE y sus afines (1978-2009) para legalizar totalmente el aborto, se hubieran evitado, al menos, en gran parte, la corrupción política y moral, el terrorismo, la crisis económica, la baja aplicación de la enseñanza y el avance imparable del paro que actualmente estamos sufriendo. Este rigor y poder abortista ya se manifestaba y cuestionaba en todos los medios de comunicación social durante tan largo tiempo. De un periódico nacional (1990) transcribimos un artículo en sus puntos de más interés:

"El Gobierno y su partido apremiados por las urgencias políticas de varios frentes críticos, parecen necesitar lanzar al ruedo de la polémica un asunto que polarice la atención en detrimento de cuestiones que le arden en las manos. Hay sospechas vehementes de que el asunto controvertido -en el parlamento y en la calle- va a ser la ampliación y modificación sustancial de la actual sustancial de la actual regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.

Para plantear con rigor y serenidad la discusión habría que empezar por asumir el compromiso de debatir esta grave cuestión sin descalificaciones recíprocas, sin griterío en la calle, sin insultos, barriobajeros y con un mínimo nivel intelectual, ético y jurídico. Compromiso a sostener, no sólo por abortistas y antiabortistas militantes, sino también por los responsables de la conducción política y legislativa de la cuestión. Cosa que no ha hecho, por ejemplo, la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, que se autoinculpó de haber abortado ante las cámaras de la TV, demostrando una ausencia de sensibilidad y de finura ética y estética impropia de una persona que maneja tan graves responsabilidades.

Tal situación legal es difícil que pueda ser ampliada, porque el Tribunal Constitucional, en su sentencia del 11 de abril de 1985, dictada en el recurso previo de inconstitucionalidad 800/83, interpuesto por el Grupo Popular, fue taxativo al afirmar que "el derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el artículo 15 de la Constitución, es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida humana- y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible". Para quien dude del sentido íntegro de estos asertos, el intérprete de la Constitución puntualiza que, efectivamente, la vida es un "concepto indeterminado", pero advierte con claridad de que la gestión ha generado un "tertium" existencialmente distinto de la madre (?).

Más allá de las razones estrictamente jurídicas que impedirían una modificación de las vigente ley (1990), existen otras de naturaleza ética que tienen que ser seriamente ponderadas. Es mucho más fácil transmitir criterios de permisividad que de exigencia personal y colectiva. Mucho más cuando las personas y grupos favorables al aborto son capaces de utilizar ideas-fuerzas y mensajes lineales de gran eficacia en la opinión pública, en la medida en que no resultan exigentes. La construcción de una sociedad con valores éticos es labor más costosa, porque tiene que apelar a argumentos abstractos, menos tangibles y de más dificultades y aprehensión por los ciudadanos. Pero una colectividad se vertebra cuando reposa sobre unos principios claros y unas actitudes éticas y diáfanas.

Es cierto que el aborto libre es una realidad, pero no por eso debe asumirse socialmente, como no pueden asumirse otras conductas sociales que desprecian valores colectivos y personales por el solo hecho de que se den y produzcan todos los días. Por eso, el esfuerzo social no debería volcarse sólo en un debate jurídico sobre el sí o no al aborto, sino adentrarse en la esencia ética que este asunto conlleva -y es mucha y fundamental- , y en las medidas que los poderes públicos habrían de desplegar para ofrecer salidas a tantas situaciones angustiosas e injustas que fían soluciones en la eliminación de una vida humana, porque nadie ni nada les abre las puertas a otras alternativas. Una sociedad exigente y con cierta tensión ética no puede entregarse resignadamente a la liberación de la interrupción voluntaria del embarazo, como en ocasiones parece ocurrir en España". (J. A. Zarzalejos. YA, 11-II-1990).

Es sorprendente y muy lamentable, que después de un cuarto de siglo de que España se sacudiera de modernidad para algunos y enterrara su conciencia para otros, el debate del aborto vuelve a donde empezó. ¿Que debe permitirse una interrupción libre del embarazo? Nada, nada, de interrumpir, porque lo que se interrumpe es que puede seguir el embarazo, aquí se elimina, se mata un ser humano. El consenso social que se anuncia entre los partidos y comprometa la existencia humana en el embarazo es nefasto, porque cada vida importa; porque arrojar vidas gestantes al cubo de la basura no es algo que pueda decretarse mediante consenso social. Tampoco se puede buscar un consenso sobre algo tan sumamente elemental como que exista un derecho a la vida, o un derecho a destruirla. En eso no hay consenso posible. ¡Basta ya!

Los gobiernos y los partidos políticos -atendiendo a lo que es la democracia real que tanto proclaman- lo que deben promover es todo lo que a su juicio exige el bien común; nunca les está permitido anteponer interese propios al bien común.

* Capellán de la clínica S. Juan de Dios