HUELGA DECIR que la formación del abogado, y del jurista en general, exige un permanente esfuerzo de estudio y una constante evaluación personal.
Esta doble condición adquiere en nuestros días, en el comienzo del siglo XXI, una especial proyección, en cuanto que nuestro colectivo profesional se ha integrado como el resto de las actividades sectoriales del país, en las comunidades europeas, lo que impone una reflexión en profundidad sobre el devenir inmediato de los nuevos rumbos de la abogacía.
Nos encontramos ante una proliferación legislativa nacional cada vez más compleja y especializada que desborda el contenido de los tradicionales planes universitarios, sobre todo en lo que hace referencia a una formación integral de los futuros juristas.
La incorporación de nuestro país a la gran empresa europea demanda un incremento del esfuerzo, no sólo de los jóvenes, sino de todos los profesionales de la abogacía. No se olvide que el acervo jurídico comunitario vigente, que tiene prevalencia sobre los respectivos derechos nacionales de los Estados miembros, abarca, prácticamente, más de 55.000 folios mecanografiados.
Nos consta que el Consejo General de la Abogacía se ha comprometido a prestar toda la colaboración posible en materia de información y documentación, así como a la realización de cursillos y seminarios tendentes a proporcionar a los abogados los nuevos medios de trabajo.
Nada de esto resultaría útil si cada uno de nosotros no hace el planteamiento que demanda la realidad profesional que nos afecta tan directamente, en relación con el estudio y la asunción de las nuevas materias y los nuevos modos que hoy configuran el mundo del Derecho.
Son los jóvenes los más afectados por esta ineludible exigencia formativa, de cara a un responsable ejercicio de la abogacía.
Los colegios de abogados, conscientes de que tienen, entre otras responsabilidades, la de colaborar en esta permanente formación de sus miembros, y para preparar adecuadamente la homologación de todos los colegiados ante los foros jurídicos europeos, ha acordado poner en marcha escuelas de Práctica Jurídica, dirigidas a atender la doble necesidad que se nos impone.
Alentamos el propósito, con esperanza e ilusión. Para ello, contamos con la desinteresada colaboración de destacadas figuras de la abogacía, la docencia, la judicatura, así como de otras relevantes personalidades del Derecho.
Queremos seguir a todos aquellos abogados, a todos los licenciados, cuya vocación avance por la senda de la abogacía a poner en práctica la inesquivable exigencia formativa mencionada, prestando su colaboración en la seguridad de que su esfuerzo tornará en sólida esperanza el inquietante momento que vivimos.