Los grupos de CC, PP y ASG han llegado a un acuerdo para enmendar la ley regional de Menores Robados planteada en el Parlamento de Canarias, de manera que se puedan solventar los relevantes reparos señalados por el Consejo Consultivo en el dictamen que emitió el pasado 20 de febrero.
El acuerdo permite, en principio, que la nueva ley salga, aunque modificada en diversos artículos considerados inconstitucionales por el Consultivo. En concreto, se aprecian reparos de inconstitucionalidad, de forma parcial, en los artículos 1, 2, 6 y 7. Además, se considera que el 3, 4, 5, 7 y concordantes aluden a "registros públicos ajenos a la Comunidad" y también se cuestiona los que se refieren a las entidades privadas "por vulnerar el sistema de distribución de competencias del bloque de constitucionalidad".
Ante esta situación, y según señalan a El Día fuentes de CC, se ven obligados prácticamente a modificar el 90% del texto inicial, promovido por colectivos como Sin Identidad y con el apoyo de Podemos, que fue el grupo que presentó la propuesta de ley.
Por unanimidad, el resto de partidos aceptaron abrir el trámite para que la norma saliese en lo que queda de mandato, si bien CC y PP se mostraron inicialmente más partidarios de esperar a que se aprobase la misma ley presentada en el Congreso.
Bajo la premisa de "verdad, justicia y reparación", la iniciativa trata de ayudar a las víctimas a encontrar a sus familiares, de los que fueron separados entre 1936 y 2001, toda vez que las prácticas que se asentaron en la dictadura se mantuvieron en diversas instituciones con la democracia. Para ello, se plantea, entre otras cosas, un banco de ADN.