Una plataforma ciudadana exige al Gobierno de Canarias que fije un piso del 4% del PIB para Educación en los próximos presupuestos y que se comprometa a incrementar esta inversión en 0,25 puntos anuales hasta alcanzar en 2022 el piso del 5%, tal y como establece la Ley Canaria de Educación no Universitaria (LCE). Actualmente Canarias, cuando ya su PIB supera al anterior a la crisis, dedica a Educación apenas el 3,5% del PIB, una tasa muy inferior a la de 2008, que era del 4%.
Las recientes palabras de la consejera de Educación señalando que "alcanzar el 5% del PIB en los Presupuestos de Educación es un objetivo difícil" han generado una enorme preocupación entre muchos ciudadanos y colectivos, que vieron la LCE como una oportunidad de alcanzar financiación digna que garantice una educación de calidad para el alumnado canario y que ahora perciben que el Gobierno de Canarias no está comprometido con lo acordado por su Parlamento. Ante estas circunstancias, un grupo de ciudadanos, representantes de distintos sectores de la educación y de organizaciones que trabajan en el ámbito de educación, han constituido una plataforma para promover iniciativas que conduzcan a que el Gobierno de Canarias cumpla ya con lo establecido en el artículo 72 de la LCE aprobada en 2014.
Según este artículo, "el Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. El presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes, como mínimo en el 5% del Producto Interior Bruto (PIB)."