El apoyo seguro del PP a la nueva Ley del Suelo de Canarias se tambalea. El colchón, el bastón o red, incluso desde el punto de vista de un pacto alternativo, que tenía CC, especialmente el presidente, Fernando Clavijo, en los conservadores parece ahora mucho más endeble, más difuminado, menos asentado. El pleno del Parlamento de ayer así lo corroboró con una simple pregunta del diputado grancanario Miguel Jesús Jorge a la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, sobre las enmiendas conjuntas de CC y PSOE a la norma. Unos cambios que, a juicio de los conservadores, desvirtúan el texto ahora presentado y que merecerían el rechazo del PP porque, con ellos, sí se modifica la esencia de la ley, eso que el jefe del Ejecutivo tantas veces ha dicho que no variará durante el trámite parlamentario. La ley se abordará por primera vez en sesión plenaria durante esta jornada. Se hará en el último punto de un pleno que, sin embargo, ayer ya dejó esta relevante novedad, toda vez que, hasta ahora, el respaldo de los populares parecía más que garantizado. No obstante, y según subrayó Jorge, si finalmente se aprueba lo relativo a esta norma en la adenda del pacto firmada hace diez días y refrendada por los socios de Gobierno este fin de semana, el PP se desvinculará de una normativa que consideraba un gran acierto, especialmente de Clavijo, y que, al final, quedará en una gran ocasión perdida. Los populares se quejan, sobre todo, de que, se llame o no Cotmac o de otra manera, haya un órgano regional que emita un informe sobre evaluación ambiental estructurante de cualquier plan. Además, creen un paso atrás que se retomen (parcialmente) las directrices y que tampoco queden claro ahora o se introduzcan nuevas trabas al uso de suelo rústico por parte de los agricultores y ganaderos. Jorge, de hecho, mostró diversos recortes de prensa en los que Clavijo subrayaba que no se modificaría el espíritu de la ley. Una esencia que, para el PP, pasa principalmente por acabar con la telaraña legal que ha paralizado muchos planes y por facilitar la gestión del suelo, dando más potestad a cabildos y ayuntamientos. En medio del turno de preguntas, el malestar del PP llegó, incluso, a las redes sociales, al extenderse un mensaje del presidente de los conservadores en las Islas, Asier Antona, en el que aseguraba que los socialistas canarios habían "apretado las clavijas a Clavijo con la Ley del Suelo" y que su partido, por tanto, "actuará en consecuencia". Preguntado por El Día, Antona fue luego más cauteloso y recalcó que aún hay que esperar a cómo se sustancian y aprueban esas enmiendas conjuntas de CC y PSOE, pero, de confirmarse, dejó claro que retirarán su apoyo. Más contundente fue la portavoz, Australia Navarro, quien dio por hecho el no, salvo que haya una rectificación que, por lo menos ayer, no creía muy probable. Por su parte, la consejera desmintió a Jorge y dijo que la evaluación ambiental regional siempre ha estado en el nuevo texto. Asimismo, remarcó que el Gobierno sigue trabajando para lograr el mayor consenso y que las enmiendas permitirán mejorar el documento, si bien no aludió a las directrices ni al "endurecimiento" que aprecia el PP en el uso del suelo rústico. El Gobierno, además, y ya por la noche, volvió a rechazar un nuevo plan de rebaja fiscal propuesto por el PP y presentado por el diputado Jorge Rodríguez como un programa de empleo porque, al disponerse de más dinero, la sociedad civil, las empresas, consumidores y autónomos dinamizarán más la economía y crearán más trabajo. Según él, claro. Aparte del gobierno, que solo contempla una posible rebaja fiscal a partir de 2018 si se cumplen las previsiones, el resto de la oposición (NC, Podemos y ASG) rechazó de forma contundente una rebaja del PP que criticaron incluso con dureza. El más rotundo y, de nuevo, ingenioso y original fue el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, quien dijo que su formación jamás podría respaldar un proyecto así, entre otras cosas porque "parece inspirado en el mismo Donald Trump", candidato republicano en EEUU ultraconservador y ultraliberal en lo económico. Asimismo, la sesión permitió que, al menos por una vez y mediante una pregunta-reivindicación de Elena Luis (CC), el consejero de Sanidad, Jesús Morera, resaltara la calidad del sistema sanitario en las Islas por los recientes premios TOP 20, que han reconocido la labor en Ginecología del Hospital Materno Infantil de Las Palmas y la Cardiología del Hospital La Candelaria. Según Luis, en una afirmación ratificada por el consejero, los canarios disfrutan de un muy buen sistema de sanidad pese a todos los recortes y a pesar de las carencias o mejoras potenciales que aún se pueden y deben alcanzar. Rodríguez, a su vez, le reprochó a Rosa Dávila, consejera de Hacienda, que se haya retrasado 14 días la presentación del presupuesto para 2017, confió en que no se haya debido a las diferencias en el pacto y recalcó que se ha reducido en un 25% el tiempo para analizarlo y enmendarlo. Dávila subrayó que se ha debido al retraso en la fijación, por parte del Estado, del déficit y la regla y techo de gasto, lo que espera que se desbloquee este viernes. Patricia Hernández también negó, ante una pregunta del PP, que el cierre presupuestario afecte a la ayuda a la hipoteca joven.

Mañana, primer gran test sobre el "repacto"

Más allá de si se cumple lo pactado sobre el Puerto, Arico y Granadilla en las tres semanas de plazo, la adenda al acuerdo en cascada entre CC y el PSOE vivirá mañana uno de sus primeros exámenes de nivel en el consejo de Gobierno, a celebrar en Las Palmas. Aunque desde algunas consejerías del PSOE se era más optimista ayer sobre el encauzamiento de las diferencias y dudas respecto a un aumento presupuestario convincente, otras áreas de este mismo partido se muestran mucho más pesimistas y creen que pueden darse de nuevo claras divergencias sobre cómo distribuir los 250 millones que, en principio, tendrán de aumento las cuentas autonómicas para 2017. La adenda compromete a incrementar las partidas en Sanidad, Servicios Sociales y Empleo, pero no se descarta que la subida no sea del todo satisfactoria para el PSOE o que haya departamentos como Obras que tampoco compartan las previsiones para el presupuesto. El presidente, Fernando Clavijo, insiste en que 8 de cada 10 euros serán para áreas básicas, pero la adenda comienza mañana a examinarse de verdad.

En el turno de preguntas, y aunque sorprendió que no destinara la cuestión a la vicepresidenta, la diputada del PP Josefa Luzardo dejó en mal lugar al Gobierno autonómico por el "desvío de hasta 238" millones de euros estatales para dependencia en las Islas a otros ámbitos sociales desde 2011. La diputada grancanaria se dirigió a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), quien negó la mayor y recalcó que, lejos de esas cifras, en este 2016 se han destinado 139 millones a dependencia. Sin embargo, Luzardo sostiene (y lo detallará aún más hoy) que la Comunidad no está aprovechando todos los fondos estatales para dependencia y que, solo entre 2014 y 2015, se desviaron a otros departamentos o gastos sociales 125 millones, 64 en el ejercicio anterior. A su juicio, una situación así "es injusta e inmoral" si se atiende a que Canarias debe cubrir a 35.000 demandantes de estas ayudas y cuando las Islas "siguen estando a la cola en dependencia".

Dávila, por el contrario, recordó que los fondos que se destinan desde el Estado vía Imserso solo llegan al 19% del total y que el resto corresponde a los adicionales, unos 1.200 millones. Lejos del argumento de la diputada conservadora, la responsable de Hacienda indicó que, si se hace la media, Canarias debería destinar 48 millones y, en cambio, este año elevó su inversión en dependencia hasta los 130 (más otros 9 del crédito extraordinario), lo que ha permitido aumentar en más de 3.000 personas el número de atendidos, dato que resalta desde hace tiempo la consejería de Servicios Sociales, que dirige Patricia Hernández (PSOE). Dávila, además, aprovechó para resaltar ese dato en el contexto general de recortes por parte del PP respecto a Canarias. "Estamos cumpliendo y es el PP el que debió revisar la financiación para Sanidad y los servicios sociales", le reprochó en su segundo turno de respuesta.