Canarias debe salir reforzada ante una eventual reforma de la Constitución para mejorar el anclaje de cuestiones vitales para el desarrollo económico y social del archipiélago, lo que requeriría además una revisión extensa y prolija del Estatuto de Autonomía.

Éstas son parte de las conclusiones alcanzadas en la conferencia autonómica "Canarias ante la reforma de la Constitución",organizada por la Fundación CajaCanarias, el Gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias y que leyó a su término la catedrática de Derecho del Trabajo de la ULL Margarita Ramos.

La catedrática, que también fue consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, enumeró las principales conclusiones alcanzadas por los participantes en las jornadas, que consideran unánime la necesidad de una reforma constitucional apoyada sobre un amplio consenso político y apuntan "la noción de federalismo asimétrico", que acoja la condición ultraperiférica de las Islas Canarias.

Ello debe suponer el reconocimiento de la existencia de hechos diferenciales que singularizan el autogobierno y determinadas instituciones de las islas, además de "reescribir" el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas para evitar la excesiva conflictividad y mejorar la eficacia de la gestión de las competencias respectivas.

Asimismo consideran conveniente introducir en la Constitución española figuras como Conferencias Sectoriales y Conferencia de Presidentes, mecanismos que deben quedar garantizados en la Carta Magna y permitan minimizar y resolver los conflictos territoriales.

También el reconocimiento europeo del estatuto de Canarias como región ultraperiférica debe incorporarse a la Constitución española, así como los efectos jurídicos que de tal condición se desprenden al integrar la singularidad de Canarias en el ordenamiento jurídico español.

Recuerdan que Canarias es la única región española cuyas características estructurales, sociales y económicas han sido recogidas en el derecho primario de la Unión Europea, precisamente por su condición ultraperiférica, y en cuanto a la revisión del Estatuto de Autonomía, opinan que no debería descartarse una hipotética reconsideración del proyecto estatutario aprobado en 2015, en fase de tramitación en las Cortes Generales, que pudiera incorporar nuevos elementos, especialmente relativos al Régimen Económico y Fiscal.

Los expertos señalan la conveniencia de añadir un texto que garantice que, de ningún modo, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias pueda conllevar la compensación o reducción del volumen de gasto corriente o de capital del Estado ni suponga una financiación de los servicios públicos esenciales inferior a la media del conjunto de las comunidades autónomas.

Por ello la configuración del sistema de financiación autonómica debería respetar las características especiales del REF, y los recursos de este régimen específico deben ser considerados como parámetro para determinar la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias procedente del sistema común, sino el adecuado para las competencias que tiene atribuidas la región.

Para el caso particular de Canarias, el sistema debería contener los mecanismos necesarios para no alejar la dotación de las islas del promedio de comunidades autónomas, añaden.

En relación con los tributos estatales, opinan que los recursos que corresponden a Canarias son nulos o de menor cuantía debido a la existencia del Régimen Económico y Fiscal, por lo que piden que se reduzcan estas diferencias.

Con el fin de aumentar la equidad también deben integrarse dentro de la financiación autonómica el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Actividades de Juego, cuyos rendimientos están cedidos o están siendo atribuidos a las comunidades autónomas, pero no encuentran incluidos en el modelo.

Afirman los expertos que el REF "no se encuentra constitucionalizado" pues los preceptivos informes del Parlamento de Canarias no garantizan ni blindan este régimen en la Constitución, sino sólo la necesidad de compensación del hecho insular.

"Es necesario reformular el REF en la Constitución española a fin de introducir su garantía institucional", detallan los especialistas que, en cuanto al plano competencial, consideran que la Comunidad Autónoma debe ser el sujeto jurídico de la diferencialidad fiscal canaria.

La conferencia fue clausurada por la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, quien coincidió en la necesidad de reformar la Constitución para garantizar el reconocimiento de las singularidades del archipiélago y subrayó cómo una mala financiación autonómica condiciona la prestación de los servicios públicos esenciales.

"La realidad sería muy diferente si contásemos con 750 millones de euros más para financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales", detalló Hernández, quien advirtió de que un esquema financiero más justo generaría mejores oportunidades para los ciudadanos del archipiélago.