El problema generado en el sur de Gran Canaria por un planeamiento municipal que prohíbe el uso residencial permanente en apartamentos turísticos amenaza con extenderse a otros puntos de las Islas. La fórmula del Gobierno de Canarias para buscar una solución es el "diálogo", la "reflexión" y la elaboración de un registro exhaustivo del que por el momento carece, según reconoció ayer en el Parlamento la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, María Teresa Lorenzo.
En el curso de una comparecencia solicitada por el PP, Lorenzo insistió en la "complejidad" de este conflicto y en la imposibilidad de ponerle remedio "de la noche a la mañana". Las medidas que se adopten deberán, no obstante, basarse en una "base de datos territorializada y actualizada" con la que tener un "diagnóstico" de la realidad. "A día de hoy no lo tenemos", admitió. Como posibles soluciones, una vez se cuente con ese registro y siempre con diálogo, apuntó a medidas de compensación para los propietarios y a modificaciones normativas.
"El Gobierno se ha metido en un lío", afirmó Miguel Jorge, del PP, en referencia a la elaboración por Gesplan del planeamiento de San Bartolomé de Tirajana. El diputado popular recurrió a unas declaraciones del presidente canario, Fernando Clavijo, para decir que el plan se ha hecho "sin pisar la calle", lo que calificó de "muy grave".