Aunque la propuesta final del Gobierno de Canarias sobre el decreto que regulará el alquiler vacacional en el Archipiélago hace importantes concesiones a la asociación que agrupa a buena parte de los propietarios de este tipo de vivienda en la región -la Ascav-, esta organización mostró ayer su decepción por los términos definitivos en los el Ejecutivo redactó el documento. El punto más polémico es el empeño de la Administración autonómica en dejar fuera de la regulación la figura del "bed and breakfast" -que se puede traducir como el alquiler de habitación con pensión-. La presidenta de este colectivo, Doris Borrego, responsabiliza al "criterio" del viceconsejero regional de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, de la exclusión de esta modalidad del alquiler vacacional de la futura normativa, lo que tilda de "capricho político".
El borrador oficial cede, en cambio, en otros importantes aspectos que la Ascav combatió con fuerza desde que el Ejecutivo se comprometió a regular la materia. Uno de ellos se refería a la necesidad de contar con una autorización previa en el caso de las viviendas que formaran parte de una comunidad de propietarios, que ahora queda definitivamente descartada.
"Está claro que renunciaron a este requisito porque era ilegal", insistió ayer Borrego, que alegó de forma reiterada que este aspecto hubiera contravenido numerosas leyes básicas, la Constitución Española y las directrices comunitarias en materia de prestación de servicios. La redacción final prohibe, en todo caso, la comercialización de las viviendas vacacionales en régimen de comunidad cuando así lo establezcan los propios estatutos, además que también se prohibe "contravenir las normas de régimen interior de la comunidad de propietarios donde la vivienda vacacional se ubique".
Borrego, que aún confía en que el Gobierno "reconsidere" su postura sobre el "bed and breakfast", alega que Cataluña, que también lo había excluido, "ahora ve que es un error y lo regulará", mientras que Andalucía, que tampoco lo contemplaba, "finalmente sí lo incluirá en su norma".
También cede el Gobierno al permitir el uso vacacional de las viviendas que, aún careciendo de licencia de ocupación y cédula de habitabilidad, cuente con una declaración responsable de ocupación de inmuebles, otra reivindicación que defendía la Ascav.