Durante el año pasado el gasto por habitante de las administraciones públicas de Canarias fue inferior a la media estatal en 53,79 euros por habitante y año. Así, solo para equipararse a la media estatal, se debería invertir en esta materia 113,9 millones de euros más al año. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el último Índice de desarrollo de los Servicios Sociales 2014 elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales para cada una de las comunidades autónomas.
En concreto, este informe revela que los organismos públicos de las Islas han reducido su gasto total en servicios sociales un 5,57% en los dos últimos años, pasando de 268,06 euros por habitante y año en 2011 a 253,12 euros en 2013. Esto se traduce en 14,94 euros menos por habitante y año.
De esta manera, el recorte en las partidas sociales se sitúa en los 31,6 millones de euros anuales en entre 2011 y 2013 (últimos años computados).
En el total del gasto realizado en servicios sociales durante el año pasado, la aportación del Gobierno de Canarias supone algo menos de la mitad (46,9%), frente a las entidades locales, cuya aportación es el 53,1%.
En la media estatal un 74% corresponde a las comunidades autónomas y un 26% a las entidades locales, si bien en Canarias se da la particularidad de la presencia de los cabildos insulares, que tienen un gran protagonismo en esta materia.
Así, el Gobierno de Canarias financia un 27,04% del gasto que realizan las entidades locales en materia de servicios sociales.
Este porcentaje es ligeramente inferior a la media estatal que supone la financiación autonómica a las entidades locales en materia de servicios sociales, que es del 27,93%.
Canarias continúa por debajo de la media estatal en 10 de los 14 indicadores evaluados por este Índice que realizan los directores y gerentes de servicios sociales de todo el país desde el año 2012.
En concreto, los expertos recuerdan que el Archipiélago sigue adoleciendo de un marco normativo que garantice derechos ciudadanos en materia de servicios sociales, puesto que mantiene vigente una ley ya superada por el desarrollo del sector en todo el Estado, sobre todo tras la aprobación, hace ya más de siete años de la Ley de la Dependencia, y a falta de un catálogo que concrete estos derechos. Además, carece de instrumentos de planificación y ordenación del sector y no ha sido capaz de integrar eficazmente la protección a la Dependencia en el sistema de servicios sociales.
De esta manera insisten en que, según los datos comparados, Canarias se encuentra en un tercio de la media en el conjunto de comunidades autónomas, como a la efectiva garantía de los derechos de las personas que lo tienen reconocido, para reducir esa cifra de más de la mitad de los usuarios reconocidos que no percibe las prestaciones o servicios a las que tendrían derecho, duplicando ampliamente la media estatal.
E insisten en que Canarias debe elaborar una Ley de Servicios Sociales que reconozca derechos subjetivos y que establezca la obligatoriedad de concretarlos en una cartera o catálogo, ya que es una de las pocas regiones que aún carece de este marco normativo.