El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, acusó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de primar "descaradamente" los intereses de la empresa Repsol al desestimar el recurso del Ejecutivo contra las prospecciones y decidir no suspender cautelarmente las prospecciones.

En su primera declaración tras darse a conocer la decisión del TSJC, Paulino Rivero manifestó que todas las decisiones están beneficiando "claramente y descaradamente" los intereses de Repsol en contra de los intereses públicos de Canarias, y considera que en el auto del Tribunal "ha pesado más el interés privado que el interés público".

El presidente autonómico entiende que el auto de la Sala de lo Contencioso del TSJC "se ha quedado puramente en la parte administrativa y le han preocupado más los posibles perjuicios a Repsol que la protección de nuestro entorno natural", lo que significa que "hay una clara inclinación por la defensa de los intereses privados".

Si bien acata el auto, el Gobierno de Canarias decidió recurrirlo porque, según Rivero, "ni se ajusta a derecho ni al sentido común", ya que "cuando se piden medidas cautelares ante una actividad peligrosa como es la exploración de hidrocarburos, no tiene sentido diferir esta suspensión en el tiempo porque se puede producir un incidente".

El jefe del Ejecutivo canario también quiso dejar claro que si Repsol y sus socios piensan que se va a "aflojar" en la lucha por defender el entorno natural de Canarias, "se equivocan". "Esto no hace más que reforzar nuestra posición para que no se lleve a cabo este atropello en el entorno de las aguas canarias", recalcó.

Preguntado por los beneficios que obtendrían las Islas por las extracciones, Rivero acusó a Repsol y al subsecretario de Estado de Industria, Enrique Hernández Bento, de creer que "todo es vendible".

"En estos momentos en que el precio del petróleo ha bajado de una forma alarmante en los mercados, vale menos que la defensa de la naturaleza en Canarias", subrayó Rivero.

"Estamos en contra del petróleo no porque nos den o no una migaja, sino porque choca con nuestro modelo de desarrollo turístico, que es incompatible con la extracción de hidrocarburos", concluyó el presidente canario.

Por otra parte, la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas acusó al TSJC de haber fallado "en favor de intereses políticos y económicos" al desestimar la petición de paralizar cautelarmente las prospecciones en las aguas de Lanzarote y Fuerteventura.

El pronunciamiento del TSJC, hecho público el martes pasado en respuesta a un recurso por el que el Gobierno autónomo solicitó la suspensión cautelar de la búsqueda de hidrocarburos que la compañía Repsol lleva a cabo en estos momentos, "constituye una prueba más de la falta de independencia del poder judicial", sostiene dicha coordinadora en un comunicado.

La organización afirma en el comunicado que el tribunal actuó "alejándose completamente del más mínimo sentido de la justicia" y que, "al parecer, se dejó amedrentar por las amenazas de indemnizaciones millonarias lanzadas por Repsol y su ministro encargado José Manuel Soria", responsable del departamento de Industria, Energía y Turismo del Gobierno español.

Además, la plataforma critica que, "mientras en Baleares o Valencia se utiliza la biodiversidad y la afección al turismo como argumentos para dar dictámenes ambientales negativos, en Canarias, territorio con mucha mayor biodiversidad y con absoluta dependencia económica del sector turístico, esta realidad es obviada".

Agrega que "este trato constituye una abierta agresión y un insulto al pueblo canario", al que se anima a dar una "respuesta contra el proyecto petrolero" que se subraya que "debe situarse donde siempre ha estado, en la lucha y en la calle".

Bento pide "cordura"

La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, solicitó "cordura y sensatez" a Rivero tras el auto dictado por el TSJC. "Tiene que recuperar la cordura y la sensatez", apuntó en alusión al presidente canario.

Para Hernández Bento, la postura adoptada por el Ejecutivo regional en los últimos tres años es "insensata". "Los tribunales van avalando una y otra vez que todo se ha hecho correctamente", indicó. "Lo que no se puede hacer es estar constantemente intoxicando la opinión pública", añadió.