"Excusa no pedida, acusación manifiesta". Fue la primera frase del secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, al ser preguntado ayer por las razones aportadas por el juez César Romero Pamparacuatro para la demora del auto de imputación de Fernando Clavijo. "La justificación que se intenta dar de por qué ahora y no antes va a tener que explicarse otra vez si quiere convencernos de esto", señaló el nacionalista acerca de unos motivos añadidos por el magistrado al final del escrito judicial y en los que se alude a cuestiones técnicas (como la necesidad de un escáner de manera permanente) o de falta de personal.
En declaraciones a los medios, Barragán dijo observar un doble criterio en el tiempo de las imputaciones. "Cuando salieron los asuntos de la alcaldesa de Telde, la justificación para no haberlo hecho en precampaña electoral era que no querían interferir en los temas políticos, que podía esperar", ejemplificó el diputado, quien aseveró que la formación nacionalista actuará en este caso con "prudencia, tranquilidad y analizándolo todo".
Además, informó de que será después de la Permanente del próximo lunes cuando CC tome decisiones, y no ocultó que lo sucedido entraña para esta formación política "un problema de cara a la sociedad".
Otra de las voces de Coalición que se pronunciaron este viernes fue el secretario insular de Gran Canaria, Fernando Bañolas, que también se detuvo en que le llama la atención que el auto estuviese terminado desde hace casi dos años.
En su caso, se mostró confiado en que lo ocurrido se esclarecerá y en que Clavijo seguirá al frente de la candidatura nacionalista a la Presidencia del Gobierno de Canarias.
"Creo que ha actuado con rapidez y claridad, por lo que el lunes, en la Permanente que está convocada, valoraremos lo que está ocurriendo", planteó el político guiense.
Desde el otro sector de Coalición Canaria, Paulino Rivero no quiso manifestarse sobre este asunto más allá de señalar que se remite a lo comunicado por el afectado y a lo que diga su formación política acerca de la cuádruple imputación que se conoció el pasado jueves.
Escándalo lagunero
Además de la vertiente regional-electoral, el auto de imputación ha sacudido la vida política y social de La Laguna, al estar también implicadas las concejalas María José Castañeda (PSOE) y Blanca Pérez (CC), así como varias personas con cierta popularidad en el municipio, como el empresario de la noche José Antonio Santana -por la presunta petición de favores para dos locales- o Ricardo González, portavoz de los afectados por la aluminosis de Las Chumberas.
Este último, que podría haberse beneficiado de ayudas al alquiler tras su desalojo sin reunir las condiciones económicas requeridas, explicaba ayer que tiene la "conciencia tranquila" y que espera que lo ocurrido se resuelva con "carácter favorable" porque no se ha cometido "ninguna irregularidad". Según González, todo se hizo dentro de procedimiento, y apuntó, en referencia a que no hubo ilegalidad, que existen 30 familias más realojadas en sus "mismos términos". Además, apuntó, lo realmente "importante" es que la reposición de las viviendas no se dilate más.