El Gobierno de Canarias y la Guardia Civil intensificarán su colaboración dentro del recinto aduanero del puerto de Las Palmas con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Para ello, la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad ha cedido al instituto armado un local donde desarrollarán las funciones de vigilancia y control de las mercancías que llegan a las Islas.
La cesión se formalizó ayer en un acto en el estuvieron presentes el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz; la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento; y el general de la Guardia Civil y Jefe de la Zona de Canarias, Juan Sánchez Medina.
González Ortiz señaló que gracias al incremento de los recursos, a la aplicación de nuevas medidas y a la creciente coordinación con otras instituciones, el Gobierno regional logró aflorar 160 millones de euros en 2013 procedentes del fraude fiscal. Más de 100 millones fueron consecuencia de las actas de inspección y de comprobación relacionadas con los tributos del IGIG y del AIEM sobre la importación de mercancías.
El consejero apuntó que este año se superarán estas cifras e insistió en que "la prevención y persecución del fraude fiscal es una demanda social y una obligación de las administraciones, porque son comportamientos insolidarios que afectan a la financiación de los servicios públicos y distorsionan la actividad económica".