El Gobierno de Canarias garantizó ayer "categóricamente" que el anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales, aprobado ayer, no incluye un incremento del impuesto sobre el gasóleo profesional a los transportistas y agricultores canarios.

Así lo aseguró el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que la Federación de Empresarios de Transportes (FET) alertara este miércoles de que el Gobierno se proponía elevar dicho impuesto un 55%.

Marrero indicó que se había producido una confusión en un párrafo de uno de los artículos del anteproyecto que podía inducir a una interpretación errónea, por lo que en el texto que se ha remitido al Parlamento se ha suprimido dicho párrafo.

En cuanto a la iniciativa, que también incluye la eliminación de la posibilidad de acceder por parte de los inspectores médicos del Ejecutivo a los historiales clínicos de los empleados públicos -tal y como había adelantado este periódico este martes-, el portavoz del Gobierno explicó que recoge una serie de cambios legislativos que afectan a diversas áreas como las de Hacienda; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Política Territorial, Obras públicas y Transportes; y Educación, entre otras.

En materia de Hacienda, por ejemplo, se centralizan los pagos de la Comunidad Autónoma en la Dirección General del Tesoro como medida para reducir los periodos medios de abono a los proveedores. Además, se endurece el régimen sancionador para las infraestructuras tributarias cometidas en el impuesto sobre el tabaco y se reestructuran los órganos económico-administrativos para simplificar su organización y mejorar su funcionamiento.

También destaca la modificación de la ley sobre consejos sociales y coordinación del sistema universitario con la finalidad de agilizar la tramitación de las becas universitarias y acortar el tiempo que transcurre entre la solicitud por parte de los alumnos y su definitivo abono. Además, estima una modificación en el régimen sancionador en el transporte por carretera cuyo propósito es rebajar las cuantías de las sanciones ante las dificultades del sector.