La consulta sobre los sondeos en aguas canarias propuesta por el Ejecutivo regional va camino de convertirse en un proyecto fallido. Así lo auguran diversos expertos universitarios, que le ven poco futuro a una iniciativa que, con casi total seguridad, rechazará la mayoría del PP en las Cortes.
Por ejemplo, el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (ULL) Gerardo Pérez no pone en duda que el proceso iniciado por el Gobierno de Canarias es, por ahora, legal, pues ha cumplido los procedimientos. Otra cosa es lo que ocurra después, cuando se pronuncie el Ejecutivo estatal.
Es decir, que si el Gobierno de Mariano Rajoy rechaza la iniciativa y el de Canarias lo acata, "se habrá obrado dentro de la legalidad". Pero si esto no ocurre y el Ejecutivo de Rivero quiere continuar adelante, "ya no estaría obrando dentro de la legalidad", indica Pérez.
Pero, ¿tiene el Estado argumentos legales para rechazar la consulta? "Cuando uno es competente para una materia -la convocatoria de referéndum-, lo puede avalar o rechazar sin ningún tipo de motivación jurídica, simplemente porque no lo cree conveniente", precisa el profesor.
"En ocasiones, los dirigentes políticos autorizan o desautorizan no basándose en argumentos jurídicos sino en una discrecionalidad política, como es este caso", subraya Gerardo Pérez, quien sospecha que el Gobierno de Rajoy "autorizará o no" en función de si le parece oportuno o no.
Pero, además, añade Pérez, hay un componente jurídico que puede ser tenido en cuenta: "La supuesta consulta versa sobre una competencia que es estatal". "Por eso no parece razonable consultar al pueblo de una comunidad autónoma a sabiendas de que no hay competencias en la materia", añade el experto de la ULL.
En esta línea, el también profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la ULL José Adrián García Rojas tampoco pone en cuestión la legalidad del proceso iniciado por el Ejecutivo de Rivero, pero también detalla que las competencias, tanto para convocar el referéndum como para dar concesiones petrolíferas, "son del Estado".
Y todo parece indicar que el Gobierno del PP "va a decir que no", augura García Rojas, quien considera que la iniciativa del Ejecutivo canario podría interpretarse como una "medida de corte electoral" de cara a las elecciones europeas. "Huele a que se quiere animar a ciertas bases, quizás desmovilizadas, en las futuras elecciones, porque los tiempos están demasiado justos", subraya.
Y esta es la opinión de los expertos. Porque ayer volvió a producirse un torbellino de reacciones políticas a la propuesta del Gobierno regional. Su presidente, Paulino Rivero, pidió al jefe del Ejecutivo estatal, Mariano Rajoy, que dé voz a una "ciudadanía dividida", en un tema de especial trascendencia para Canarias y España, permitiendo la consulta.
"Entendemos que podemos llevar a cabo esa consulta. Vamos a ponérselo difícil con argumentos y para esto están los servicios jurídicos", añadió Rivero.
Por su parte, el ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, reiteró que "no se pueden hacer ni convocar referéndum ilegales" y que una consulta en Canarias sobre prospecciones lo sería, porque se hace sobre una competencia del Estado.
Y al ministro le respondió el Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, quien aseguró que la consulta "es legal y profundamente democrática", pues se basa en las disposiciones del Estatuto de Autonomía, de la Constitución Española y del Reglamento del Parlamento canario.
Ríos indicó que las declaraciones de Soria solo esconden el interés del PP en negar a los canarios la posibilidad de expresarse sobre el particular: "Con la legislación en la mano, la realidad es que sí se puede pero el PP no quiere".
Entre tanto, la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas anunció que pedirá al presidente del Gobierno de Canarias que haga la consulta anunciada para conocer la opinión de los isleños sobre las prospecciones "con o sin el aval del Ejecutivo central".
En un comunicado, la organización consideró positivo el hecho de que dicha consulta sea asumida por el Ejecutivo regional, por lo que pedirán una reunión con el propio Rivero para tratar este tema.
Ayer, el Ejecutivo regional registró en el Parlamento canario la propuesta aprobada este lunes por el Consejo de Gobierno.