El acuerdo alcanzado hoy por el Gobierno y las comunidades autónomas para aplicar la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) en España incluye el reparto de 8.053 millones de euros para las autonomías en los próximos siete años, de los que 157,5 millones corresponden a Canarias

Los fondos para desarrollo rural -medidas complementarias a las ayudas directas- forman parte del presupuesto de la PAC que recibirá el campo español entre 2015 y 2020, que asciende a 47.000 millones.

Aún está por definir el montante exacto para ayudas directas de la PAC por autonomías y lo que percibirá cada agricultor.

El acuerdo establece, en materia de desarrollo Rural, que la Administración General del Estado aportará un 30 % del gasto nacional de cada programa de las Comunidades Autónomas, calculado teniendo en cuenta la tasa máxima de cofinanciación que permiten las reglas de la Unión Europea (UE).

El compromiso supone distribuir 8.053 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) asignados a España, "evitando cambios bruscos" y "distorsiones" en las ayudas a las autonomías respecto al período anterior (2007-2013), según el texto del acuerdo difundido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El reparto por autonomías para desarrollo rural es el siguiente: Andalucía, con 1.906 millones de euros (23,7 % del total); Aragón 466,8 millones (5,8 %); Asturias, 325 millones (4 %); Baleares, 61 millones (0,8 %); Canarias 157,5 millones (2 %); Cantabria 98,8 millones (1,2%) y Castilla y León, 969 millones (12 %).

Castilla-La Mancha recibirá 1.147,1 millones (14,2 %); Cataluña 348,5 millones (4,3 %); Comunitat Valenciana, 204 millones (2,5 %); Extremadura 890,2 millones (11,1 %), Galicia 889,8 millones (11 %), Madrid, 76,5 millones (0,9 %), Murcia, 219,2 millones (2,7 %); Navarra, 136,5 millones (1,7 %); País Vasco 87,1 millones (1,1 %) y La Rioja, 70 millones (0,9 %).

En cuanto al "primer pilar" de la PAC, es decir, las subvenciones directas, otra parte del acuerdo es la definición del agricultor "activo", con criterios para poder excluir del beneficio de las ayudas a las personas físicas o jurídicas cuya actividad agraria no sea significativa en el conjunto de sus ingresos.

En este sentido, no será considerado como agricultor activo aquel cuyas "ayudas directas supongan más de un 80 % del total de sus ingresos agrarios"; esto significa que al menos el 20 % de los ingresos del beneficiario deberán haberse obtenido por la facturación de sus producciones.

Esta disposición no será de aplicación a los agricultores que perciban menos de 1.250 euros de ayudas al año.

En cuanto a la lista negativa de beneficiarios, se excluyen a ciertas personas jurídicas cuya actividad principal no es la actividad agraria, como es el caso de la gestión de aeropuertos, servicios ferroviarios, servicios inmobiliarios, instalaciones deportivas y recreativas permanentes.

Entre los acuerdos, el límite de 300 euros a partir del cual podrán recibirse ayudas directas se aplicará a partir de la solicitud de ayuda correspondiente al año 2017.

Sobre el modelo de regionalización, se plantean entre 22 y 24 regiones agronómicas, para evitar "una excesiva fragmentación del territorio".

En cuanto a los pagos acoplados (ligados a la producción y no a la hectárea), habrá 584,92 millones.

Su distribución por sectores será la siguiente: Vacuno de engorde (40,13 millones), nodriza (187,74 millones), ovino (154,89 millones), caprino (13,64), vacuno de leche (93,58 millones), remolacha (16,84 millones), arroz (12,20 millones), tomate industrial (6,35 millones), frutos secos (14 millones), protéicos (44,54 millones), legumbres (1 millón).

La Conferencia Sectorial podrá revisar, a más tardar el 1 de julio de 2016, su decisión respecto a los sectores a acoplar y a los importes asignados a los mismos.EFEAGRO

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