En plena era por transparentar la actividad de las administraciones e instituciones públicas, con la intención de recuperar la pérdida de confianza de los ciudadanos, el Parlamento regional y sus instituciones no parecen dar ejemplo de tan recomendada práctica.

La institución que preside Antonio Castro, y dos de las otras tres que de ella dependen, Audiencia de Cuentas y Diputado del Común, se empeñan en hacer habitual lo que debería ser excepcional, sembrando dudas sobre casi todos aquellos procedimientos administrativos que deciden convocar, sea cual sea su razón.

¿Por qué? Las tres instituciones citadas parecen aficionadas a otorgar sus contratos a través de la controvertida fórmula del negociado sin publicidad, procedimiento que implica no solo la exclusión de los contratos así asignados de publicidad y libre concurrencia, sino la mayor discrecionalidad en la selección de los adjudicatarios.

Especialmente dudosos se muestran cuando se invoca la existencia de una imperiosa urgencia o la de un único empresario capacitado para la realización de las correspondientes prestaciones.

A saber, el Parlamento y las instituciones que de él dependen tienen publicados en su web en estos momentos más de 40 procedimientos de adjudicación de contratos, en sus respectivas fases, según se desprende de los datos extraídos del perfil del contratante de cada una de esos portales de internet. La mayoría de ellos son negociados sin publicidad.

Por ejemplo, sumamente llamativo resulta el caso de la Audiencia de Cuentas. El órgano auditor, que más de una vez, en sus informes anuales, ha llamado la atención sobre el "abuso" que hacen las corporaciones locales de los procedimientos negociados sin publicidad, da cuenta en su web de 18 contratos. Excepto dos de ellos (suministro de mobiliario y otros enseres y adquisición de equipos y diverso material informático), todos siguen la fórmula antes citada.

¿Y qué hace la Cámara regional, la que debería ser la casa de la transparencia? Más de lo mismo. En su perfil del contratante da cuenta de 16 procedimientos de contratación: dos son abiertos, otros dos negociados con publicidad y 12 sin publicidad.

Entre estos últimos figura la digitalización y catalogación del archivo sonoro correspondiente a la II y III Legislatura y catalogación del archivo visual de la III Legislatura del Parlamento de Canarias. El valor del contrato asciende a 80.000 euros.

Tampoco es ajeno a este proceso el Diputado del Común. Su perfil del contratante da cuenta de cuatro contratos, todos ellos procedimientos negociados sin publicidad, excepto el de "análisis, diseño, desarrollo e implantación de la aplicación informática de gestión del Diputado del Común". El valor de este último asciende a 105.600 euros.

Pero como en muchos casos hay excepciones. En este es el Consejo Consultivo. Aunque si bien es verdad que las exigencias técnicas de su web del perfil del contratante no son las mejores, lo cierto es que la institución consultiva ofrece una menor inclinación al procedimiento negociado sin publicidad.