El presidente canario, Paulino Rivero, "desconoce" que el Comisionado para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales, órgano que depende de él, "ha aceptado negociar" con el Estado la Ley de Renovación Turística de Canarias, según el Ministerio de Turismo.

Así lo ha dicho hoy Víctor Moreno, director adjunto del gabinete del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien ha aludido así al comunicado en el que este departamento del Gobierno español pidió este sábado al Ejecutivo regional que revisara dicha norma, al entender que puede "cerrar el mercado y afectar a la economía de las islas".

Una advertencia a la que el titular del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, dijo el martes, en una entrevista en la Ser, que "no da ningún tipo de credibilidad" por considerar que el Gobierno central no tiene "ningún tipo de capacidad ni competencia para entrometerse en un asunto plena y netamente canario".

Moreno ha informado de que la Comisión de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las comunidades autónomas examinó el pasado 11 de julio de 2013, la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, con respecto a la cual, y a iniciativa de los ministerios de Economía y Competitividad e Industria, Energía y Turismo, se han planteado "determinadas discrepancias" en relación con su artículo 4.

En consecuencia, el 22 de julio el Ministerio de Hacienda remitió un escrito al Gobierno canario "invitándole a iniciar un procedimiento de cooperación", previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, "lo que permitiría la búsqueda de una solución adecuada a fin de evitar el recurso de inconstitucionalidad".

Según ha informado Moreno, antes del 29 de agosto se prevé que se consensúe un acuerdo en la comisión bilateral entre el Estado y Canarias sobre el alcance de la negociación de los artículos controvertidos de la citada ley y, en adelante, un grupo de trabajo, que liderará el Ministerio de Hacienda y en el que también estará el de Turismo, velará por "salvar el conflicto".

De no llegarse a un acuerdo, "el Gobierno puede desistir o, previo dictamen del Consejo de Estado, elevar al Consejo de Ministros una propuesta de recurso ante el Tribunal Constitucional.

Víctor Moreno ha subrayado que "sorprende el desconocimiento" de Rivero respecto de todo este proceso, ya que hace dos días el Comisionado para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales del Gobierno que preside remitió una comunicación al Ministerio de Hacienda en la que afirma que "en aras de la necesaria lealtad institucional entre ambas instancias y de dar una solución dialogada a las discrepancias, se presta conformidad a la vía del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".