El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Fernando Redondo, solicitó este martes al Gobierno canario más "transparencia", porque es fundamental que los ciudadanos sepan a qué se dedican los recursos, así como mayor participación de los empresarios y los sindicatos.

Redondo ha manifestado a un grupo de periodistas, con motivo de la reunión mantenida con el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola (PSOE), que esos dos aspectos preocupan al CES.

Así mismo, Redondo ha señalado que es posible mejorar la administración, pero sin recortes y "sin que el peso" de la reforma "caiga en el salario y esfuerzo de los trabajadores".

El presidente del CES considera que, al margen de los recortes presupuestarios introducidos por la crisis, "hay un campo muy amplio para mejorar la competitividad", por lo que ofrece al Gobierno canario su apoyo para avanzar más en este sentido.

Hernández Spínola ha señalado a los periodistas que es preciso una reforma de la configuración de las administraciones públicas canarias, asunto que es responsabilidad de su departamento.

El consejero ha dicho que sobre esta cuestión se ha hablado mucho durante años, pero nunca se ha llevado a cabo, y que "es un sentir general de la ciudadanía que las administraciones funcionen con mayor eficacia y eficiencia, evitar duplicidades".

Hernández Spínola ha indicado también que el Gobierno canario, con independencia de la ley estatal de transparencia que se tramita, ha iniciado un proceso para crear una ley autonómica en la que resulta "vital" contar con el apoyo de la gente para su elaboración.

Para ello, ha informado de que en Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura) se han celebrado foros de participación activa, y en las próximas habrá en el resto de las islas.

Además, la intención del Gobierno es que se apruebe por unanimidad y, por eso, ya celebrado reuniones con todos los portavoces de los demás partidos.

La ley debe contar de publicidad activa, con información al servicio de la ciudadanía para que se sepa cómo trabajan las administraciones, con qué ayudas, subvenciones y presupuestos cuentan, ha explicado el consejero, quien ha dicho que estos datos deben figurar en una página web de transparencia.

Esta ley también debe permitir el acceso a la información, un derecho constitucional, que debe regularse, ha añadido.

Sobre el área de Justicia, el consejero ha indicado que se debe procurar al ciudadano buenas instalaciones y edificios, y se ha referido a las nuevas infraestructuras de La Laguna (Tenerife) y de Las Palmas de Gran Canaria.

También ha recalcado que Canarias es la primera comunidad de España en avances tecnológicos en el área de Justicia, pues es "puntera" por su sistema Atlante 2 y la nueva aplicación informática que avisará a través de sms a las mujeres víctimas de maltratos sobre la situación legal en la que se encuentra el agresor.

También ha resaltado el esfuerzo y compromiso de la Consejería, que tiene el respaldo del Gobierno canario, para mantener el empleo público con el mismo salario.

En cuanto al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local del Gobierno central, el consejero la ha considerado "muy negativa" y un "atentado hacia la autonomía", regresiva y "muy agresiva" porque que suprimirá un ámbito de competencias muy importante para los ayuntamientos que tienen menos de 20.000 habitantes.

En concreto, para el Gobierno canario es un "verdadero disparate" que la competencia de los servicios sociales pase de los ayuntamientos a las comunidades autónomas, porque los consistorios son las administraciones más cercanas a los ciudadanos.

El Gobierno canario están "totalmente en contra de la centralización" que persigue ese proyecto de ley, enfocado a la privatización de los servicios públicos, ha manifestado el consejero, que ha presentado al CES un balance de su departamento tras los dos primeros años de legislatura.