El Gobierno de Canarias gestionará, a través de las oficinas de la Bolsa de Vivienda, el nuevo registro de casas vacías que se creará a partir de la aprobación de la modificación de la Ley de Vivienda de Canarias, en la actualidad en trámite de urgencia.

Las oficinas de la Bolsa de Vivienda tienen una "amplia experiencia" en la gestión de alquileres y podrán afrontar con garantías el registro de inmuebles vacíos y el alojamiento de familias, ha señalado la Consejería de Vivienda en una nota.

Hasta la aprobación definitiva de la modificación de la Ley y de las nuevas medidas de fomento del nuevo Plan de Vivienda, la Bolsa mantendrá la gestión de los alquileres de los cerca de 10.000 pisos en alquiler que en la actualidad mantienen un contrato firmado, así como los seguros multirriesgo y garantías por impago que facilitan a todos los propietarios que en estos años han cedido sus pisos a la Bolsa de Vivienda.

A los propietarios de las casas privadas que aún estaban sin alquiler y que estuvieran apuntados en estas oficinas se les liberará de sus obligaciones, como la de no poder alquilar de forma libre durante cinco años; se les devolverá la llave, y se les llamará, por si desean volver a poner su vivienda en alquiler en la Bolsa cuando se apruebe el nuevo escenario normativo y de planeamiento.

TRÁMITE FINAL DE LA LEY

El Gobierno de Canarias inició el pasado mes de mayo, con carácter de urgencia, la modificación de la Ley de Vivienda de Canarias con el fin de poner a disposición de la ciudadanía más necesitada las viviendas deshabitadas y evitar más desahucios por imposibilidad de las familias de asumir los pagos a través de un alquiler social.

El pasado jueves el Consejo de Gobierno ya solicitó con trámite de urgencia la emisión del dictamen del Consejo Económico y Social en un plazo de quince días.

Esta nueva regulación hace especial hincapié en la urgencia de incluir en el mercado las casas desocupadas y que están en manos de empresas, y en especial, entidades financieras, y filiales inmobiliarias.

Según han apuntado desde la Consejería, se contempla la creación de un registro de viviendas desocupadas; se permite a las administraciones canarias implementar medidas de fomento, tales como incentivos fiscales o subvenciones, y se establecen medidas inspectoras y sancionadoras que hagan cumplir el deber de destinar la vivienda al uso habitacional.

FAMILIAS EN ALQUILER SOCIAL

En los primeros meses del año, el Gobierno de Canarias ha gestionado un alquiler para más de 400 familias isleñas con dificultades económicas.

En concreto, se han entregado por el sistema de adjudicación directa 56 casas de promoción pública a familias con graves dificultades sociales y económicas, que pagarán un alquiler subvencionado de entre 2 y 90 euros al mes dependiendo del número de habitaciones y de los ingresos.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha movilizado un total de 380 inmuebles que fueron construidos por la empresa pública Visocan para la venta y que, ante la desaparición de las ayudas estatales para la compra de casas protegidas, no se habían conseguido vender y el Gobierno canario optó por dinamizar en alquileres mucho más económicos.

De las 380 viviendas movilizadas en estos primeros meses, a fecha de 30 de junio, 255 familias han conseguido o han reservado una vivienda en la isla de Tenerife; 28, en La Palma; 70, en Gran Canaria, y 31, en Lanzarote.