El exalcalde de Telde (Gran Canaria) Francisco Santiago ha defendido hoy que nadie le advirtió de irregularidad alguna cuando se construyó el Centro de Emergencia Social de Yrichen en San Antonio y que él se limitó a buscar fondos para que se hiciera la obra, por su interés social.
El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado hoy el juicio por las irregularidades que permitieron levantar ese edificio para la rehabilitación de toxicómanos en un terreno municipal calificado primero como rústico (1995) y después como urbanizable, pero con destino a parque o zona verde (2002).
La Fiscalía acusa de prevaricación a cuatro ediles de CC de aquella época que intervinieron en su autorización, Francisco Santiago Ildefonso Jiménez, José Marcelino Galindo y Julián González, para los que demanda que sean inhabilitados para ejercer cargos públicos durante nueve años (en la actualidad, solo Santiago sigue en el Consistorio, como edil de Nueva Canarias)
Además, pide que sean condenados a dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio los dos arquitectos que participaron en la obra, Elisenda M. y Antonio B.
Francisco Santiago ha manifestado en su declaración durante el juicio que los alcaldes no ven los informes en muchos casos, sino que atienden a los criterios de que les expresa el secretario del Ayuntamiento y que, en este caso, el de Telde le indicó que la obra tenía informes favorables jurídicos y técnicos.
El exregidor municipal sí ha admitido que escuchó "discrepancias" sobre el emplazamiento elegido, pero las mismas que puede generar la construcción "de una cárcel o un desguace", ha precisado.
También ha recalcado que su intervención se limitó a buscar fondos en las administraciones para poder abordar la construcción del centro, por su interés social y público.