Los primeros diecisiete actos judiciales previstos ayer por las demandas de empleados públicos, tras el recorte del 20% de su salario, y, en proporción, de jornada de trabajo, previsto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013, quedaron finalmente suspendidos.
Las vistas se iban a celebrar en el Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife, aunque hay demandas por el mismo asunto en otros juzgados de lo Social de las Islas.
La suspensión llega después de que, este miércoles, el Ejecutivo regional pidiera, a través de sus Servicios Jurídicos, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que unificara todas las causas derivadas de este recorte en un conflicto colectivo.
El objetivo de esta solicitud, justificó el Gobierno, es reunir en una sola causa todas las demandas -hasta el miércoles eran 164 las formalizadas- para evitar la eventualidad que generaría el dictado de sentencias contradictorias por distintos órganos judiciales.
Precisamente, parte del colectivo de trabajadores públicos afectados por los recortes del Ejecutivo regional se concentraron ayer en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife contra la "injusta" reducción de jornada y sueldo del 20% , y anunciaron su participación en la marea ciudadana convocada mañana contra los recortes.
Una portavoz del sindicato Co-Bas Canarias, Concepción Monzón, informó del apoyo a la jornada de protesta en defensa de los servicios públicos que se pretenden "desmantelar", informó Efe.
Sobre la suspensión de los juicios, Monzón indicó que los sindicatos están estudiando jurídicamente sus consecuencias y cómo responder a esta "nueva agresión" contra los trabajadores con la que se persigue también "desmantelar el sector público", pues se recortan las posibilidades de recurso y de defensa.
Comisiones Obreras ya había denunciado el miércoles que el Gobierno pretendía con la solicitud de un conflicto colectivo retrasar la resolución judicial de las demandas interpuestas.
Concepción Monzón subrayó también ayer que "no es verdad" el "sobredimensionamiento" de empleados que se quiere hacer creer que existe en la Administración pública canaria, porque cuando se recortan las plantillas se externalizan servicios que asume la empresa privada.
Recordó, en la misma línea, que desde 2008 no ha habido una oferta de empleo público en la Comunidad Autónoma.
En este sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) propuso formar un grupo de trabajo con todos los portavoces parlamentarios o representantes de los partidos políticos de Canarias, así como con miembros del Gobierno, representantes sindicales y la plataforma de afectados por el 20%, con el fin de buscar soluciones para la recuperación de las retribuciones.
Asimismo, indicaron que paralelamente a esta propuesta, el CSI-F ha presentado las demandas que ha considerado oportunas en los juzgados, ya que persiguen "dejar clara la doble respuesta" que dan a esta situación del recorte del 20%.
De todos modos, recordaron que durante el pasado mes de enero se reunieron con diferentes fuerzas políticas con el fin de buscar soluciones.
Como se recordará, la reducción de jornada, y, proporcionalmente, de salario, es de un 20% para los laborales e indefinidos por resolución administrativa o sentencia, mientras que la reducción es del 10% para los que tengan jornadas inferiores a 25 horas semanales.